TODO empezó aquel 29 de marzo de 2006. A primera hora de la mañana el Ayuntamiento de Marbella era rodeado por furgones policiales y 150 agentes accedían a las dependencias municipales para detener a gran parte del equipo de gobierno con la ex alcaldesa Marisol Yagüe y ex el asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca al frente. La operación Malaya veía la luz. El despliegue policial se ponía en marcha tras una larga investigación iniciada en noviembre de 2005, bajo la batuta del juez Miguel Ángel Torres y la Fiscalía Anticorrupción, encaminada a destapar un complejo entramado societario que encubría numerosas actividades delictivas. Unas escuchas telefónicas relacionadas con la operación Ballena Blanca, la mayor realizada en España contra el blanqueo de dinero, sirvieron para tirar del hilo de la enrevesada trama de corrupción urbanística en la Costa del Sol.

Cuatro años y medio después, 95 acusados se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por la supuesta trama de corrupción acunada en Marbella, aunque con extensiones patrimoniales en buena parte del territorio nacional y vinculaciones bancarias en el extranjero, cuyos ecos mediáticos resonarán en todo el país, sobre todo en la esfera mediática rosa, que estos días se regocija y afila el colmillo ante las maratonianas sesiones informativas que tendrán como escenario la Ciudad de la Justicia.

Pero la operación Malaya es algo más importante. Es el mayor asunto relacionado con la corrupción política que llega a juicio y la prueba más significativa que deberá superar la Administración de Justicia para demostrar que el sistema es capaz de juzgar un proceso de tamaña envergadura. Malaya será, sin duda alguna, un escaparate de primer orden del trabajo de la Justicia malagueña.