CUANDO Jesús Gil pisó por primera vez Marbella en los años 80 ya se dio cuenta de las enormes posibilidades inmobiliarias que ofrecía el municipio. Una década después, en 1991, arrasaba en las municipales logrando 20 de los 25 concejales de la Corporación. Borró del mapa a PP e IU y redujo a la mínima expresión, apenas dos ediles, al movimiento independentista de San Pedro Alcántara. Algunas de las promesas que pronunció aquel año, el tren bala, el aeropuerto, el polideportivo cubierto mejor de Europa, cuatro rascacielos de cristal de más de 20 plantas, la isla con casino o el portaaviones como alternativa al incipiente botellón, causan hoy bochorno. En sólo unos años Marbella fue vilipendiada ante el silencio de las administraciones. Su legado fue una ciudad sumida en el mayor caos urbanístico que ha conocido este país en las últimas décadas. Por eso causa hoy sonrojo que hayan tenido que transcurrir más de dos décadas para que el municipio se haya podido dar un baño de legalidad.

Con el documento aprobado el viernes en Sevilla, escenificado en las sonrisas de Ángeles Muñoz y del consejero Espadas, se pretenden sentar las bases del nuevo modelo de ciudad que pondrá punto y final a la inseguridad jurídica que inversores, promotores y compradores sufrieron las últimas décadas y que fue el caldo de cultivo donde la corrupción campeó a sus anchas. La ansiada normalización del urbanismo en la ciudad se encuentra al final de un camino que ha sido largo y tortuoso. Marbella y, sobre todo, sus ciudadanos se merecen esta nueva oportunidad después de varios años en los que siempre saltaban al epicentro informativo por culpa de los sinvergüenzas que se aprovecharon del caos urbanístico.