Lo malo de defender con la mayor convicción que la responsabilidad individual precede a cualquier otro estamento o institución social es que las bofetadas que propina luego la realidad son más sonoras. No es tanto una cuestión liberal como, en el fondo, un ejercicio democrático la opción de dejar la decisión última respecto a ponerse o no la mascarilla al salir de casa en manos de los ciudadanos. El problema es que el criterio democrático que hemos asimilado desde la Transición se fundamenta en las mayorías, mientras que la epidemia, como catástrofe totalitaria, exige respuestas homogéneas. Uno querría confiar en que cuando sale a la calle va a encontrarse a todo el mundo, ya sean vecinos, contribuyentes, turistas, feligreses, visitantes, alienígenas o nativos, enfundado en su mascarilla ante la evidencia de que la cantidad de sitios en los que podemos dar por sentada una distancia de seguridad de dos metros respecto al prójimo están más que contados (y, desde luego, no se encuentran en el centro); y sí, hay una mayoría suficientemente sensible a las circunstancias que luce la reglamentaria mascarilla por mucho que sople el terral, pero, desgraciadamente, la mayoría no basta. Si observamos el paisaje general, late un predominio notable de civismo y responsabilidad personal, pero es suficiente con un pie fuera del tiesto para que todo se vaya al garete. Un membrillo asintomático que vaya por ahí dándoselas de listo se sobra para infectar al más pintado y certificar un indeseable rebrote. En el debate, entonces, sobre si decretar por ley o no el obligatorio uso de la mascarilla fuera del domicilio, independientemente de la distancia de seguridad, encontramos una excepción incómoda que nos lleva a concluir que esa mayoría que hasta ahora nos servía para salir de paseo, aprobar reglamentos, escoger los alimentos que consumimos y respetar las normas de tráfico sin necesidad de censuras ha perdido la eficacia que en un Estado democrático le corresponde. Lo que resulta, cierto, excepcional.

El coronavirus nos ha conducido, por tanto, a este callejón áspero en el que la legalidad acostumbrada se queda corta. No se trata ahora de fundar el GAL, pero sí de atenerse a lo excepcional cuando, al menos, sabemos bien lo que hay en juego. Quienes claman contra la imposición de la mascarilla, asumida ya en varias comunidades, acusan al Estado de excederse en su mecanismo y apelan a la responsabilidad personal como primera garantía en el marco constitucional. Y sí, ciertamente la democracia que conocemos les asiste en sus reivindicaciones. Pero hay que insistir, ay, en que las mayorías han pasado a tener un significado muy distinto en la medida en que hay que legislar sobre una circunstancia extraordinaria en la que un solo individuo, uno solo, puede perjudicar a toda la sociedad. Así que habrá que adiestrar a nuestra inexperta democracia en estas lides. Tal vez sancionando, sí, a quien salga de su casa sin mascarilla. Por muy responsable que afirme ser.

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