LA singular experiencia española en el transcurso de este año, según la cual los mercados financieros han determinado un cambio de orientación de la política económica gubernamental (desde políticas de reactivación a políticas de consolidación fiscal, y desde la defensa a ultranza de las políticas sociales al inicio de reformas estructurales) ha provocado la ofuscación de parte de la población, especialmente en medios sindicales y de la izquierda tradicional. Ofuscación que viene determinada por la posible pérdida de beneficios para algunos colectivos y por la convicción de la superioridad moral de la política sobre los mercados como mecanismos determinantes del devenir social.

Esa superioridad moral se fundamenta en la desigual participación de los ciudadanos en las decisiones de los mercados según su capacidad económica, al estar sesgada en favor de los que tienen mayor poder económico, mientras que las decisiones políticas se derivan de mecanismos democráticos en los que el voto de cualquier ciudadano tiene el mismo valor. Además, la imperfección de los mercados por falta de transparencia, por diferenciación de productos o por una elevada concentración (monopolios u oligopolios) impiden que la resultante del juego del mercado se aleje de la competencia perfecta. Por otra parte, aunque los mercados funcionasen como competencia perfecta, la resultante de sus decisiones podría ser moralmente inaceptables en ausencia de regulaciones que impidiesen la explotación infantil, la ausencia de protección social para los más necesitados o el comercio de productos que atentasen a la seguridad colectiva, por poner algunos ejemplos. Es por ello por lo que se hace imprescindible el papel del Estado regulando múltiples aspecto de la actividad económica, supervisando y sancionando las conductas de los agentes y proveyendo de bienes y servicios públicos en orden a una mayor eficiencia y una distribución de la renta más equilibrada.

Pues bien, a pesar de estas razones, también es comprensible que, al disminuir la confianza en la economía española, los mercados financieros (en última instancia, millones de ahorradores e inversores) exijan mayor rentabilidad para financiar la deuda. Por tanto, las restricciones económicas, ejemplarizadas en este caso en los mercados financieros, limitan la autonomía de la política en la toma de decisiones. Una restricción razonable que no debe escandalizar a los que arguyen la superioridad moral de la política, pues ésta también se desenvuelve en un "mercado político", en el que intervienen oferentes (partidos políticos) y demandantes (electores), y que, lejos de comportarse como una competencia perfecta, se caracteriza como un mercado oligopólico, en el que, como en el caso de España, no más de dos o tres partidos políticos vienen gobernando desde hace décadas. Esta concentración de la oferta política no responde a deseos de la demanda, sino a barreras de entrada al mercado de la política de potenciales nuevos oferentes.

En definitiva, no existen mecanismos perfectos para la adopción de decisiones colectivas, si bien tenemos larga experiencia de que cuando se violenta en exceso la racionalidad económica, expresada por los mercados, nos aproximamos al deterioro de nuestra renta relativa y, en algunos casos, a la inviabilidad de nuestra decisiones (especialmente cuando dependemos de la financiación ajena). Al igual que la confianza ciega en la capacidad de autorregulación de los mercados nos puede conducir a crisis financieras, sanitarias o sociales.

Por ello, el proceso civilizatorio es el del perfeccionamiento del equilibrio de los dos mecanismos determinantes de las decisiones colectivas: mercados y política. Ese equilibrio es fruto en cada país de un acuerdo social complejo, que se concreta en un conjunto de normas, instituciones y comportamientos, que se va modificando en el tiempo según las circunstancias económicas y las cambiantes preferencias sociales. Cuanta más resistencia ofrezca la sociedad a los cambios adaptativos mayor será el retraso en recuperar la senda de desarrollo.

Pero quedarían incompletos los soportes que determinan las decisiones colectivas y el avance social si no se hace referencia al papel de la ciencia, que nos libera de múltiples restricciones históricas que parecían "naturales" en otras épocas, y que está en la base de los nuevos bienes que fabricamos y los servicios que nos hacen la vida más confortable y nos aleja del oscurantismo al permitirnos comprender los misterios de la naturaleza. Y si bien cuando pensamos en la ciencia, la identificamos con la Física, la Biología o la Medicina, las ciencias sociales juegan un papel crecientemente relevante en el desarrollo al permitirnos comprender y tomar decisiones con mayor grado de racionalidad.