Aun profano ha de parecerle necesariamente extraño que una falta "grave" cometida por un juez sea sancionada con 1.500 euros de multa. Es la que la comisión disciplinaria del Poder Judicial le ha impuesto a Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, por no ejecutar a tiempo la sentencia que hubiera llevado a la cárcel al pederasta Santiago del Valle, condenado por abusar de su hija.

Le hubiera llevado a la cárcel y -esto es lo importante- le hubiera impedido atacar a la pequeña Mari Luz Cortés y provocar su muerte en circunstancias que habrá de determinar el juicio correspondiente. La tragedia de Mari Luz ha dado singularidad sombría a lo que sin ella habría quedado en un fallo más, otro, de un sistema judicial lento, descoordinado y obsoleto. Pero por eso mismo no se debería zanjar con una multilla, como de hecho han considerado dos de los cinco vocales de la comisión disciplinaria que ha enjuiciado al juez Tirado y la propia Fiscalía, partidaria de una sanción más elevada (que también admite grados: expulsión de la carrera judicial, suspensión de hasta tres años o traslado forzoso).

Durante la instrucción de su caso el juez Rafael Tirado, que goza de notable prestigio en el ámbito judicial, ha sido presentado como cabeza de turco seleccionada por el Gobierno, la Junta y el fiscal para descargar sobre él la entera, y única, responsabilidad en la evidente y objetiva negligencia que supone la permanencia en libertad de Santiago del Valle, que es tanto como decir la alta probabilidad de que volviera a actuar como delincuente sexual reincidente. Algo de eso habrá, sin duda. Siempre es más fácil culpar a uno que asumir que la Justicia está desbordada por falta de medios materiales y humanos, cuya dotación depende precisamente de los gobernantes que apuntan contra Tirado.

Pero como te digo una cosa te digo la otra: el juez sevillano se demoró más de dos años en ejecutar la sentencia definitiva que habría de conducir a prisión a Santiago del Valle por abusar de su propia hija. Tenía que haber sido más diligente en resolver sobre un asunto tan sensible y lo trató como un caso más de los muchos que inundaban su juzgado. Ni siquiera puede escudarse en que la secretaria judicial no le advirtió o en que hubo bajas en el funcionariado a su servicio. Ocurrió durante su guardia, cuando lo que pasa en el juzgado le tiene a él como máximo responsable. No único, pero sí máximo.

Esta conducta, llámese desatención o negligencia, con todas las atenuantes que se quieran, que las hay, bien merecería haber sido calificada con más gravedad de como lo ha hecho la comisión disciplinaria del Poder Judicial. La multa apenas sanciona nada.