LA naturaleza humana hace inviable acabar con la corrupción política, una forma de corrupción incentivada por el ejercicio del poder. Son las leyes las que deben reducir lo más posible las posibilidades de corromperse y la acción policial y judicial la que ha de estar presta y al acecho para perseguir y castigar a quienes las incumplen. Hasta ahí, de acuerdo.

Pero hay un requisito previo para lograr que la corrupción en las instituciones y los partidos se limite a episodios anecdóticos e inevitables y deje de ser un problema general, como ahora pasa: la voluntad firme y decidida de los partidos políticos de extirparla de la vida pública. Y entiéndase por voluntad decidida y firme la que no hace distingos entre corruptos propios y ajenos y aplica a todos por igual la misma medicina redentora y fulminante.

De eso carecemos en nuestro mercado político. Cada vez que en un ayuntamiento andaluz, por ejemplo, se descubre alguna trama de aprovechamiento ilícito de los cargos públicos para el enriquecimiento de quienes temporalmente los ocupan -normalmente, en compañía de empresarios, abogados y conseguidores-, se escucha a los vecinos la misma cantinela ("esto se veía venir") y se recuerda que ya la Cámara de Cuentas había denunciado numerosas irregularidades en la contabilidad municipal. Ayer se supo que el equivalente catalán a nuestra Cámara, la Sindicatura de Cuentas, envió un informe al Parlamento de Cataluña, de más de cien páginas, alertando de las múltiples irregularidades detectadas en la adjudicación de obras, y en otras muchas cosas, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, el epicentro de la red corrupta sociovergente que nos ocupa estos días.

El problema, para la Cámara andaluza y la Sindicatura catalana, es que los parlamentos respectivos no les hacen caso. Por lo dicho, porque falta voluntad de meterle mano a la corrupción. Si los vecinos suelen percatarse del veloz incremento del nivel de vida de sus alcaldes y concejales, y por eso dicen "se veía venir" cuando llegan las detenciones y el escándalo sale a la luz, ¿cómo no van a darse cuenta sus compañeros de partido, que los tratan a diario, conocen sus ingresos legales y saben cuánto cuesta el coche en el que viajan, el chalé que se compraron para los fines de semana y adónde van de vacaciones? No pueden ignorar estas cosas, y si existe esa ignorancia es una ignorancia culpable.

Creo que la actitud de los dirigentes políticos ante la corrupción es cerrar los ojos y taparse los oídos, rezar para que no se descubra y, si se descubre, sacar tajada en el caso de que los corruptos anden en las filas ajenas o mirar para otro lado si andan en las propias. De este modo, leyes, policías y jueces podrán atacar casos concretos de corrupción, pero no el fenómeno de la corrupción del sistema.