SOSTIENE la consejera de Obras Públicas que su plan para extender el carril bici por todo el territorio será la palanca que impulsará un nuevo modelo de crecimiento. La presidenta Susana Díaz, por su parte, se comprometió en Marbella a tomar medidas para reactivar el sector del ladrillo. Aunque parezcan visiones antagónicas, se puede interpretar como la tensión en la que debate todo gobierno entre el corto y el largo plazo; entre la materialidad de lo inmediato y las abstracciones idealistas. Lo cierto es que, guste o no guste, el único sector capaz de crear empleo en cantidad y a plazo corto es el de la construcción, tanto la residencial como la obra civil. La presidenta se comprometió a simplificar los interminables trámites de los expedientes urbanísticos, cuya prolongada duración sólo es comparable a la de las instrucciones judiciales. Pero, pese a esas diferencias, aparentemente notables, PSOE e IU comparten diagnóstico: el modelo de desarrollo, que ha hecho posible el espectacular crecimiento de Andalucía en las últimas décadas, está agotado. Pero no sé si son de todo conscientes de que ese sistema, sobre cuya caducidad existe un amplio consenso, sólo se puede entender vinculado al vigente sistema político e institucional. Algo que algunos ven como un fenómeno específicamente andaluz, pero que es intrínseco al sistema económico español.

En los inicios del desarrollo autonómico no se cuestionaba el protagonismo de la política y del sector público. Las administraciones tenían por delante la tarea de terminar con los enormes carencias de infraestructuras, equipamientos y servicios. Pero quizás no se supo, o no se quiso, entender la naturaleza de los cambios que se estaban producido gracias a las políticas públicas, ni que esa nueva realidad exigía un mayor protagonismo del sector privado y un cierto repliegue de lo público. Conseguir un adecuado equilibrio entre ambos es necesario para la salud del sistema económico y para garantizar el Estado de Bienestar. Lo opuesto es ese fundamentalismo del mercado que inspira las políticas del gobierno del PP y de los responsables económicos de la eurozona. Plantear un nuevo modelo de crecimiento, que haga compatible la eficiencia económica con un sistema de bienestar, es una tarea ineludible para un gobierno progresista. Pero para hacerlo posible, deberán empezar por lo que más cerca tienen: reformando profundamente la administración y regenerando el sistema político.