Hubo un tiempo, no sé si lo recordarán, en que los gobiernos autonómicos construían carreteras, autovías e, incluso, ayudaban a los ayuntamientos a levantar casas de protección oficial. ¿Recuerdan? VPO se llamaban. La inversión pública desapareció con la crisis económica, pero ahora que regresa la bonanza, que los funcionarios recuperan sus sueldos y que vuelven a contratarse maestros y médicos, nadie osa a hablar de inversión. El conjunto de los ayuntamientos españoles ya está en superávit (ingresan más de lo que gastan) y muchas comunidades autónomas van camino del equilibrio presupuestario, lo alcanzarán en 2019. Pero no hay inversiones, el muro es la regla de gasto, es un tope. Con su sentido: cuando viene la época de vacas gordas, como se avecina, no conviene contraer demasiados compromisos de gastos que generen estructuras que sean insostenibles en tiempos de recesión. Así que lo que sobra, y ya sobran 8.000 millones de euros en el caso de los municipios, sólo debe emplearse en pagar deuda. Por eso, la regla está impidiendo la inversión a los mejores ayuntamientos. Se impone otro montorazo, una nueva rectificación, para que los gastos en inversión sostenible no computen en esta regla. Y entiéndanme: el problema de déficit español no son ya las administraciones públicas: son las pensiones, la Seguridad Social, lastrada por el empleo precario.

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