LA llamada huelga de jueces viene siendo objeto de debate en el último mes en todos los medios de comunicación, tertulias y partidos políticos. Obligado me siento a formular mi opinión, por el respeto y consideración que siempre me han merecido cuantos administran Justicia, donde tantos amigos tengo y, pensando igualmente, en los ciudadanos, en el pueblo de donde la Justicia emana.

Parece claro que los jueces no tienen reconocido el derecho a declararse en huelga. Cierto es que nada dice de una manera expresa la Constitución, ni en un sentido ni en otro. Pero no lo es menos que les prohíbe pertenecer a sindicatos que, como forma última de presión para ver atendidas sus reivindicaciones, tienen ese derecho reconocido por un decreto-ley preconstitucional que satisface plenamente, al parecer, a gobiernos, partidos y sindicatos, al no querer hablar de una ley que tal derecho regule y, si lo hacen, es en voz tan bajita que nadie los oye.

Llama la atención que haya ciudadanos que tengan una doble personalidad, como si se tratara de Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Hoy soy titular de un poder del Estado, pero mañana seré un funcionario público más, para pasado mañana ser lo primero y así sucesivamente a conveniencia de cada cual. El órgano de gobierno de los jueces entre otras cosas está para ser obedecido por los gobernados en aquello que no sea exclusivamente jurisdiccional, pero…

Ese órgano, que en los últimos años se ha venido degradando, convirtiéndose el anterior en una auténtica pesadilla, en su actual composición, parece querer demostrar que a él no le coge el toro y ha dicho no pero sí, es decir, sí pero no y ahí queda eso. Aún así, ha resuelto que esa huelga no tiene cobertura legal, todo un descubrimiento, lo que debe ir acompañado, se supone, de fuertes sanciones disciplinarias para quienes ese día no hayan estado trabajando en la oficina judicial. Sometidos únicamente al imperio de la ley, los jueces son independientes, inamovibles y responsables, principio este último que con frecuencia algunos parecen olvidar.

El argumento de que en otros países, por ejemplo, tienen reconocida tal posibilidad, no es válido ni aplicable en el nuestro. Y tanto que se cita a Italia, donde la Justicia no está como para ser exportada, llama la atención que de tener reconocido tal derecho no se declaren los colegas italianos en huelga para protestar del sr. Berlusconi que continuamente se está burlando de los jueces y de su Tribunal Supremo, lo que por fortuna no acontece en el nuestro.

Las Administraciones tienen la obligación de proporcionar a los jueces los medios personales y materiales necesarios para desempeñar sus funciones y atender las reivindicaciones justas, que algunas hay. Sus necesidades deben darlas a conocer a los Tribunales Superiores y estos al CGPJ. Y a quien corresponde negociar con el Gobierno es precisamente al Consejo, no a ellos.

Diciendo a ese órgano que fije los servicios mínimos - lo que significa que para ellos es la patronal- y respondiendo el mismo que no lo hace porque la huelga no tiene cobertura legal, llama la atención que los jueces, en este caso Mr. Hyde, anuncien la huelga como trabajadores y sean ellos mismos los que fijen los servicios mínimos. Patronal y trabajador a un tiempo, lo nunca visto. Como Juan Palomo, vamos.

Los jueces, mentiría si no dijera que les deseo lo mejor, son funcionarios administrativamente. Reciben un sueldo, diferente a los restantes funcionarios, cobran una pensión al jubilarse y figuran en esa espantosa cosa llamada escalafón que impertinentemente sirve para proclamar a los cuatro vientos la edad de cada cual. Pero nada más. Al mismo tiempo no pueden ser funcionarios y titulares de un poder del Estado. Éste ha de prevalecer siempre. No tienen derecho a la huelga y no pueden legislar, si existiera un vacío legal, pues no les compete a ellos. Aventuro que en una próxima reforma de la LOPJ así se recogerá expresamente con las más duras sanciones en caso de inobservancia de la norma prohibitiva. Y les deseo lo mejor para ser siempre respetados, nunca temidos por no hacer buen uso del poder del que son titulares. Seguro que saben que los ciudadanos, el pueblo, han calificado la huelga: suspenso por tan lamentable espectáculo.