Comienzo estas líneas a la espera de que se haga justicia con los tres bomberos sevillanos que un día decidieron acudir a Grecia a ayudar a los miles de refugiados que intentaban llegar a sus costas. La visión del pequeño Aylan varado en una playa turca les heló el alma hasta el punto que las frías aguas del Egeo en enero les parecieron un buen destino para pasar sus vacaciones rescatando náufragos. Fueron a hacer el trabajo que ni el gobierno griego ni la Unión Europea son capaces de realizar. En Grecia funciona mejor la justicia que la asistencia a los refugiados, y antes de acabar esta columna, el tribunal que los juzga por el delito de tráfico de personas ha dictado sentencia a las pocas horas de acabar el juicio. El incidente se ha saldado con la pena de banquillo: tres días de calabozo y dos años de espera, confiados en que no se rompiera la crin que sustentaba la espada de Damocles que gravitaba sobre sus cabezas. Tenían que probar que no hicieron lo que no hicieron, después de demostrar durante quince meses que estaban allí para hacer lo que realmente fueron a hacer: evitar que cientos de refugiados ahogados en las playa de Europa nos recordasen el fracaso de la política internacional de una Unión carente de un proyecto común. Mientras la radio se hacía eco del juicio que se celebraba en Mitilene, el representante de otra ONG relataba cómo un barco deambulaba frente a las costas de Libia con más de cien refugiados que acababa de rescatar, tras ser avisado por las mismas autoridades que les negaban ahora el permiso para desembarcar. El problema: la falta de un "documento administrativo". Malta no admite que los refugiados desembarquen en sus puertos. En sus 316 kilómetros cuadrados cabe poca gente y son conscientes de que de allí solo podrán salir nadando. Lo que no es una alternativa para los malteses. Casi como de Grecia, de donde antes se salía andando hasta que el resto de Europa les cerró las fronteras, dejando a 60.000 refugiados atascados en un país ya atascado de por sí. Helena Maleno es investigada en Marruecos por favorecer el tráfico de personas. Su delito, avisar a Salvamento Marítimo cuando tiene constancia de pateras camino de la Frontera Sur. Lo que viene a ser como preguntarle al Servicio Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil si le funciona el radar. El mismo que hace tiempo se le rompió a la vieja Europa.