DESDE el último domingo que se publicó este periódico, el 18 de diciembre, las cosas han cambiado en el escenario político nacional. Mariano Rajoy ya es presidente del Gobierno.

Rajoy ha nombrado su primer gabinete, el más reducido de la democracia, con un grupo de hombres y mujeres del PP, aunque con tres independientes, que tienen todos ellos una sólida formación y una amplia experiencia tanto profesional como política.

El Gobierno se ha puesto a trabajar desde el primer día porque no se puede perder más tiempo; la tarea es ingente y la situación muy mala.

Como indicó el presidente en su investidura, su principal objetivo es sacar a España de la crisis y conducirla por la vía del crecimiento económico y la creación de empleo. Objetivo ambicioso y difícil de alcanzar en un país en recesión, con casi seis millones de parados y un déficit de las administraciones muy por encima del anunciado por el gobierno socialista.

El nuevo Gobierno, a diferencia del inmovilista de ZP, ha apostado por las reformas, como evidenció el debate de investidura del presidente. Dentro de estas reformas, hay tres que son prioritarias en estos momentos: la consolidación fiscal, la reforma laboral y la reforma financiera.

El equilibrio presupuestario establecido por el gobierno de Aznar fue abolido por Zapatero y esa frivolidad, junto a tantos errores, negaciones de la realidad y ausencia de medidas y reformas por parte de la anterior mayoría, obliga ahora al nuevo gobierno a coger el toro del déficit por los cuernos y para ello, en los dos primeros Consejos de Ministros, ha aprobado importantes medidas para cumplir lo que nuestro país se ha comprometido con nuestros socios de la UE para final de 2012.

Al dispararse el déficit del pasado año, cuyo dato definitivo sabremos a final de mes, las medidas de ajuste no sólo tienen que acometerse por la vía de la reducción de los gastos sino también por la de incrementar los ingresos. Por tanto, además de la reducción del presupuesto de algunas empresas públicas, de las subvenciones a los partidos, sindicatos y empresarios y la supresión de algunos organismos y empresas del sector público estatal, autonómico y local, se ha creado un gravamen complementario al IRPF por dos años y progresivo.

Los ciudadanos asumimos nuevos sacrificios y alguno de subida de impuestos es inevitable. Creo que es mejor que se haga en un impuesto que grava la renta, pagando más quien más gana y de forma progresiva, que sobre el IVA que es lo que hasta ahora había hecho el gobierno socialista.

Iniciamos un nuevo año y unos nuevos tiempos que siguen marcados por la difícil situación por la que atravesamos pero sabiendo que contamos con un Gobierno competente, que genera confianza, con amplio respaldo parlamentario y que va a tomar las medidas precisas para salir del pozo en el que nos encontramos.