CUANDO saltó el caso Malaya, la Marbella del glamour, de la milla de oro y de la riqueza ostentosa, dio paso al más escandaloso caso de corrupción urbanística de nuestro país, y dejó a la vista de todos la oscura -o no tan oscura- trama diseñada por Gil, con el apoyo entusiasta de grandes empresarios turísticos y de la construcción, para convertir una Administración en un instrumento de saqueo de recursos públicos, y de destrucción de recursos naturales escasos como el suelo y el paisaje. Quien no vio la deriva mafiosa de las distintas legislaturas del GIL es porque no quiso, o porque se aprovechó también de las migajas de ese régimen de corrupción que hizo rico a muchos a costa de destruir un Ayuntamiento y todo un municipio.

Ahora, la Junta de Andalucía acaba de dar el visto bueno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que, en definitiva, viene a bendecir el enorme despropósito que supuso el urbanismo de la era Gil, consagrando sus ilegalidades y el modelo especulativo que ha caracterizado a este municipio.

En la era Gil se generó una macropoblación con unas 110.000 viviendas, casi tantas como habitantes, la mayoría de segunda residencia o vacías, que se extiende por 29.000.000 de m², que es económica, territorial y ambientalmente insostenibles. Éste es el modelo de desarrollo que muchos ayuntamientos, tanto del PP como del PSOE, quisieron imitar, un modelo que ha dejado al "municipio de oro" en la bancarrota, con una deuda de 528 millones de euros.

El instrumento más destacado del antiurbanismo del gilismo, y base de la corrupción, fue la concesión de licencias ilegales para construir 30.000 viviendas, de las que se ejecutaron 18.000, en suelo de sistemas generales, de equipamientos, suelos dotacionales, licencias con excesos de edificabilidad... Muchas de ellas están vacías, y cuentan con sentencia firme que anulan las licencias ilegales. Hay que destacar que en este periodo nefasto de poder absoluto de Gil, cuando la mayoría miraba para otro lado deslumbrada por el espejismo de Marbella, Ecologistas en Acción presentó más de TRESCIENTAS denuncias por delito urbanístico en sede Judicial.

¿Qué hace el nuevo PGOU? Pues apuesta por la normalización, o sea, dar carta de legalidad o lo que fue un régimen de permanente ilegalidad. El Ayuntamiento pretendía legalizarlas prácticamente todas, la Junta las "rebaja" a 16.500. ¿Qué harán con las que quedan fuera de ordenación? Por los antecedentes, nada. El Ayuntamiento se ha negado a la revisión de las 1.009 licencias ilegales otorgadas en la era del GIL. Eso, además de ser contrario a mandato expreso de la LOUA, coloca a los promotores en situación de ventaja a la hora de negociar compensaciones, de manera que dificulta o impide la recuperación de los espacios y equipamientos usurpados. La voluntad del Ayuntamiento y de la Junta es no demoler nada, pasándole el problema a los jueces, cuando la disciplina urbanística es una competencia compartida entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. ¿Para esto quieren competencias?

Tras décadas de crecimientos insostenibles e injustificables, con un parque de viviendas sobredimensionado, el PGOU apuesta por más de lo mismo, por la construcción de 27.643 nuevas viviendas, y la recalificación de 15,8 millones de m². Según la ratio de la propia Junta de Andalucía, estas viviendas supondrían un aumento de población de 66.343 personas, el 50,8% sobre el censo actual de 130.500 habitantes. ¿De dónde saldrán? De nuevo se apuesta por la vivienda como inversión especulativa y no como derecho constitucional de los ciudadanos. Estas previsiones superan el límite del 30% que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Marbella suspende casi en todas las medidas de sostenibilidad, suspende en tener copada por el ladrillo la franja costera, y suspende en insostenibilidad de su consumo de energía y de agua. El nuevo PGOU no prevé la suficiencia de recursos hídricos para garantizar los nuevos crecimientos previstos, ni para los fortísimos consumos de agua de los 14 campos de golf del municipio.

El PGOU era la gran oportunidad para normalizar la legalidad, no dando carta de legitimidad a lo que sin duda ha sido el mayor despropósito urbanístico de este país; era la oportunidad para reordenar la gigantesca ciudad que ha generado la especulación urbanística, no planteando nuevos crecimientos insostenibles; era, en definitiva, la oportunidad para dar un aldabonazo al urbanismo andaluz con una decidida apuesta por la tolerancia cero para con el urbanismo especulativo y la corrupción urbanística. No ha sido así; al final Gil se ha salido con la suya.