La esquina

josé / aguilar

Si son del PP, es urgente esperar

LO que consolida el descrédito de la política y la desafección de la gente hacia los políticos no es sólo la reiteración de los casos de corrupción protagonizados por éstos y amparados por aquélla. Lo realmente devastador es la falta de respuestas contundentes, unitarias y compartidas. Es lo que conduce a la convicción de que los partidos no están implicados en el combate contra los corruptos, sino interesados en ocultar la corrupción propia y sacar rentabilidad de la corrupción ajena.

Pienso, por ello, que las medidas de regeneración política que los partidos se disponen a debatir -con insólita prisa por parte del PP, que ahora fija un plazo de dos meses para negociarlas- son imprescindibles y están en general bien orientadas, pero exigirían un compromiso previo estricto e inviolable: la voluntad real de aplicarlas sin excepciones, en todas las circunstancias y caiga quien caiga. La liquidación, en definitiva, de la ley del embudo. La que receta manga ancha, comprensión y laxitud para los compañeros de partido con las manos sucias, y rigor, implacabilidad e intolerancia con los adversarios manchados.

Esta doble vara de medir es precisamente la que acaba de utilizar el presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Desde que Rajoy lo mandó a Andalucía en misión rescate -para salvar al PP de un augurado, e inmerecido, naufragio-, Juanma no ha parado de exigir que rueden cabezas por la corrupción perpetrada al amparo de la Junta. Cabezas de imputados, de preimputados, de señalados en informes policiales o de aparecidos en informaciones periodísticas. Con que fueran socialistas ya ha sido suficiente para excitar su celo inquisitorial y avivar su pulsión dimisionista. Ahora, en cambio, le han preguntado por dos alcaldes sevillanos del PP implicados en sendos sumarios y su respuesta ha sido muy distinta: hay que esperar las sentencias de los respectivos casos. Sus dimisiones pueden esperar. Y mejor que esperen sentadas...

No debe ser muy difícil incluir en el paquete regeneracionista un acuerdo sobre el momento en que un cargo público presuntamente corrupto debería dimitir: en cuanto sea imputado (lo cual sería una barbaridad), cuando lo procesen, cuando se abra juicio oral o cuando lo condenen en una u otra instancia. Lo difícil, ya digo, es que una vez pactado el tema se cumpla a rajatabla por todos los pactantes. Con los amigos igual que con los enemigos.

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