Pues ya saben: el Gobierno andaluz está convencido de que el crecimiento económico se basa en perdonarle impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Es curioso que siempre hablen de crecimiento, desarrollo y actividad económica, como si ese fuera un fin en sí mismo, porque el bienestar de la ciudadanía, los servicios públicos y las políticas de equidad y justicia son otro apartado que no parece gozar de la misma prioridad. Primero fue la bonificación total del impuesto de sucesiones a las grandes herencias, con la cual perdonaron 300 millones de euros a un selecto grupo de ciudadanos; a pesar del esfuerzo propagandístico extraordinario que realizó la Junta de Andalucía, no ha servido para disminuir el diferencial de esta región con el resto de España en aumento del PIB, ni en creación de empleo ni mucho menos en atención educacional o sanitaria. Ahora, otros 100 millones se le perdonan a los grandes patrimonios que, me temo, tendrán el mismo nulo efecto que la anterior rebaja fiscal.

Parece ser que la justificación principal de esta decisión para el presidente Moreno está, imitando a la Comunidad de Madrid, en tratar de hacer atractivo el territorio andaluz para inversores, eliminando las trabas fiscales que tan poco gustan al empresariado. Este papanatismo fiscal encierra un pensamiento absurdo y peligroso a la vez. Por un lado, esta desenfrenada carrera de rebajas impositivas a las grandes empresas nos llevaría a un empobrecimiento progresivo de las arcas públicas, porque siempre cabría ir eliminando obligaciones fiscales hasta poder competir con los paraísos fiscales, lo que al parecer es el sueño de algunos liberales de nuevo cuño. Pero la consecuencia de esta filosofía fiscal es que si llegado el momento todos los presidentes autonómicos aceptaran esta peregrina teoría, que nunca ha sido demostrada, el elemento clave de la atracción inversora, su originalidad, desaparecería y toda la generosidad tendría un solo beneficiario que no sería ninguna comunidad en particular, sino los grandes patrimonios y las grandes empresas.

Iniciada esta absurda carrera, cualquier decisión se justifica para eliminar obligaciones a las empresas buscando que se establezcan en un determinado territorio y así ir demonizando como elemento retardatario del desarrollo las obligaciones fiscales que en realidad son un elemento central para la cohesión social.