SE consideran paraísos fiscales los territorios o estados, que aplican un régimen tributario, especialmente favorable, en comparación con los regímenes tributarios de otros países o lugares. En el planeta Tierra, existen una multitud de estos paraísos, de los que más conocidos son -sin ánimo de señalar- las Bahamas, las Bermudas, Mónaco, Andorra y un largo etcétera. Pero no voy a referirme a ellos, sino a los territorios de España, que por tener un régimen tributario más benévolo que otros territorios de la misma España, entran en la definición de paraíso fiscal. Tales son el País Vasco y Navarra, que disfrutan, respectivamente, de un concierto y de un convenio económico que se traduce en una fiscalidad, para vascos y para navarros, distinta de la del resto de los españoles y menos gravosa para ellos. La de los navarros tiene su fundamento en los derechos históricos de su régimen foral, porque allí nunca se aplicó el sistema tributario del Estado, ni cuando era un Reino ni cuando por la Ley Paccionada entra dentro del Estado español; la de los vascos, porque su convenio, derogado por Franco, respecto de Vizcaya y Guipúzcoa y sólo mantenido para Álava, por "leal", ha sido restablecido por la vigente Constitución española, pese a que esta establece que la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, se realizará mediante un sistema tributario inspirado, entre otras cosas, en el principio de igualdad. Ya vemos que sí, pero menos.

Ahora resulta que al haberse reconocido capacidad normativa para los tributos a las comunidades autónomas, cada una de las 17 existentes en España, pueden aumentar o disminuir la carga fiscal de sus ciudadanos. Aquí en Andalucía acaba de subirse el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para determinados actos sujetos, lo que no ha ocurrido, que yo sepa, en ninguna otra autonomía. También se subió el pasado año el tramo autonómico del IRPF, por lo que, a igualdad de ingresos, un andaluz paga más que el resto de los españoles. En Andalucía sigue vigente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que prácticamente ha desaparecido en comunidades autónomas tan pobladas como las de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Aquí están exentas las herencias de menos de 175.000 euros, pero estando los valores catastrales como están y que, además, la Junta multiplica por 3 ó 3,5 cualquier herencia excede de ese mínimo.

He empezado a escribir sobre paraísos fiscales, pero al final de lo escrito llego a la conclusión de que también pueden existir infiernos fiscales, en los que a los ciudadanos se les hace pagar más que al resto de sus compatriotas.