EL ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hizo estallar por fin ayer el tan esperado castillo pirotécnico de la reforma judicial del PP que, acompañada por el ruido de las mascletás, chupinazos, bengalas y morteros, convierten la cárcel y la prolongación de las condenas en panacea. Puro pragmátismo ideológico. El Gobierno quiere barnizar el Código Penal, la elección de jueces y las leyes con una capa del mejor conservadurismo que se ha ido recociendo a lo largo del tiempo.

Empecemos la lista por las novedades y por una coincidencia. Un día después de la gran manifestación de Sevilla contra la sentencia por el asesinato de Marta del Castillo (aunque el descontento popular en este caso no derive de las leyes sino del tribunal que ha firmado el lamentable fallo) el Gobierno anuncia la introducción en el Código Penal de la prisión permanente revisable y de una reforma de la ley del menor para que los jóvenes sean juzgados como adultos por delitos graves.

Segunda novedad, el aborto más penado. Aunque de la futura reforma sólo sabemos que obligará (con buen criterio por cierto) a las menores que quieran interrumpir el embarazo a contar con el consentimiento paterno es más que probable que se lleve por delante la ley de plazos actual y se restrinja los supuestos para la interrupción del embarazo. Más cárcel en la ley de transparencia para los políticos que excedan los corsés presupuestarios que marque el neoliberalismo. Lo anunció sin inmutarse un Ruiz-Gallardón que, como alcalde de Madrid, gastó 7.000 millones de euros por encima de sus límites presupuestarios. Y lo anunció unos minutos después de que su compañero de Economía, Luis de Guindos, dictara en televisión una lección magistral sobre la crisis y, a la vez, defendiera su gestión al frente del origen de todas las quiebras, la firma Lehman Brothers.

Más estrecheces para la justicia universal y gratuita si se impone el copago para pleitear en segunda instancia en los tribunales españoles. Con el pretexto del recorte, el Gobierno corre el riesgo de bloquear la revisión de los fallos en primera instancia para quienes no paguen (o no puedan pagar) la tasa correspondiente, lo que supone inaugurar una doble vía en la Justicia española. Y más severidad en los criterios de interpretación de las leyes si, como ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, haciéndole por cierto un humillante caño al ministro de Justicia, los jueces se gobiernan a sí mismos, eligen a su CGPJ y determinan la composición de los altos tribunales.

La severidad, en fin, elevada a criterio político magistral.