EL último "decretazo" del Gobierno del Partido Popular sobre la reforma de los planes de estudios supone, a mi juicio, un ataque frontal contra la universidad pública y la autonomía que le reconoce nuestra Constitución. Soy consciente de que apenas tiene sentido defender a estas alturas algo tan devaluado por años de imposiciones gubernamentales de uno u otro signo. Sin embargo, estamos en presencia de un principio constitucional que cuenta en teoría con el máximo nivel de protección jurídica. Por este motivo resulta llamativo que un partido político que luce la Constitución como bandera frente a los nacionalismos o quienes demandan un cambio del sistema demuestra al final una evidente hipocresía cuando aquélla se convierte en poco más que un elemento decorativo de las leyes que aprueba.

Porque la primera impresión, desconcertante sin duda, de este decreto es que el Gobierno central se ha olvidado por completo de que hay un principio de igualdad básica en el ejercicio de los derechos constitucionales, que va a ser ignorado completamente cuando se puedan estudiar carreras universitarias con distinta duración, pero en teoría con igual valor académico y profesional. Desde mi perspectiva particular, como profesor de Derecho, todavía no he llegado a comprender cómo se podrá llegar a ser juez o secretario de ayuntamiento, por poner sólo unos ejemplos, con estudios universitarios diferentes en el nivel y calidad de formación académica.

No es difícil vislumbrar que el fondo de este asunto, el que se oculta obviamente en el discurso de un ministro de Educación que queda ya para la historia, no es otro que legitimar en su momento una nueva reducción del presupuesto de las universidades públicas, beneficiando de paso la competitividad de todas esas universidades privadas que empiezan a proliferar ya en España. Surge así la sospecha de que, tras esa aparente apuesta por la modernidad y la europeización de nuestras instituciones de educación superior, el objetivo real y prioritario de esta precipitada reforma no es la calidad de la enseñanza universitaria, sino más bien y de nuevo la "sostenibilidad económica" del sistema. La invención de este principio se debe atribuir ciertamente al Gobierno anterior, pero la principal responsabilidad de su aplicación al conjunto de nuestro Estado de bienestar es de un Ejecutivo conservador que está poniendo a la universidad pública al filo del abismo financiero y presupuestario.

El Decreto se enmarca así en un proyecto ideológico que pretende de forma encubierta y progresiva acabar con una idea de universidad en la que debería primar siempre la excelencia en la formación y la investigación científica. Uno de los resultados previsibles de esta reforma será abrir la puerta al despido de muchos jóvenes profesores e investigadores que aún no han alcanzado el estatus académico que le permitirían conseguir la estabilidad laboral, como profesores titulares y por tanto funcionarios públicos. No pretendo ser alarmista; la explicación es bien sencilla y de una lógica aplastante: al reducirse el número de años de docencia en las universidades, disminuye también la necesidad de mantener en nómina a este profesorado.

Es difícil expresar todo el desconcierto y la indignación que ha causado ya este nuevo torpedo gubernamental a la universidad pública, la única que puede hacer realidad el compromiso explícito de nuestra Constitución por la igualdad de oportunidades (de nuevo un recordatorio al fariseísmo constitucional que algunos practican sin descanso). Por eso resulta lacerante la ficticia preocupación del ministro por el ahorro a las familias, al tener que pagar menos años de educación para los hijos: suena a burda coartada cuando en algunas comunidades "populares" se ha incrementado de forma desorbitada el precio de las tasas universitarias. Bastaría con abaratar el coste de las matrículas, por qué no mediante otro decreto, y ponernos a la altura de otros países de Europa que se toman como ejemplo.

La otra lección pendiente tiene que ver con el valor esencial de la autonomía de la Universidad. Ésta no se mide sólo en la capacidad de autoorganización, también amenazada por la posibilidad de eliminar en el futuro la elección democrática del rector. Se pone de manifiesto igualmente en la necesaria dotación de recursos económicos para cumplir adecuadamente sus fines; y por último en la participación, como algo más que simple convidada de piedra, en las decisiones trascendentales que le afectan. Nada de esto se contiene en el decreto Wert. No podemos aceptar que nuestra universidad se convierta en una simple academia de titulados superiores.