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Prejuicios históricos

La España del siglo XXI y sus instituciones poco o nadan tienen que ver con aquellas posibles tropelías

Las guerras del pasado siempre dejan secuelas. Las huellas de las tropas del duque de Alba y el nombre de Felipe II han perdurado enquistadas en la memoria colectiva de los Países Bajos. Una memoria bastante selectiva: mantiene unos recuerdos, esquematiza otros y olvida los que no interesan. A la imagen de la España imperial le tocó, por aquellas tierras, la peor suerte. Puede que la política absolutista de los Austrias, con la ayuda clerical de la Inquisición, mereciera bastantes reproches. Pero para eso está la historia, y sus libros, para hacer justicia y, con ayuda de datos y documentos, clarificar lo sucedido. En cambio es ingenuamente anacrónico y carece de sentido ético querer arreglar ahora las cuentas con aquel pasado; sobre todo, si se convierten a los actuales habitantes de un país en responsables de lo sucedido hace siglos. La España del siglo XXI y sus instituciones poco o nadan tienen que ver con aquellas posibles tropelías.

Sin embargo, a veces se comprueba que hay prejuicios históricos que se mantienen activos incluso en personas que por su dedicación deberían estar bien lejos de caer en tales debilidades. La reciente sentencia, la semana pasada, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, ha provocado a este respecto una sorprendente perplejidad. Pero no porque se haya condenado a unos jueces de Bélgica por mal uso de sus funciones al no extraditar 2016, a España, a la etarra Natividad Jáuregui. Ésta es una noticias importante, pero tras ella hay otro elemento aún más significativo y perturbador: el porqué de la condena. Los jueces belgas ni se molestaron en leer y poner al día la documentación europea aportada. Les bastó con dejarse llevar por un claro prejuicio sobre el funcionamiento de las instituciones españolas, prejuicio incubado hace siglos. Los magistrados consideraron que los datos europeos no eran necesarios (¡para qué consultarlos, pues!), lo determinante eran sus viejos recuerdos de la presencia española en la época de Felipe II.

Conviene insistir en el desdén mostrado por estos jueces. ¡Para qué iban a leer ni actualizar la documentación, si ellos ya estaban cargados de razones! No es éste el primer caso de desprecio, más o menos consciente, hacia unas instituciones judiciales españolas. El problema recae también de los separatistas que, poseídos del odio más radical, propagan, con dinero y medios de todos los españoles, que nada ha cambiado en nuestro país desde los tercios de Flandes hasta Franco y desde Franco hasta la actualidad. Porque ese discurso tenebroso siempre hay ingenuos, belgas o no, que están dispuestos a creerlo y utilizarlo.

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