LAS cuestiones previas del macrojuicio por el caso Malaya concluyeron el pasado martes y el proceso no se retomará hasta el 22 de noviembre. A la vuelta el tribunal dictaminará si hay razones para atender las peticiones o si, por el contrario, el proceso puede continuar hasta el final y esclarecer, de una vez por todas, la mayor trama de corrupción urbanística y política descubierta hasta ahora en España. Atrás quedan en esta primera fase de la vista oral diez sesiones judiciales y 45 horas. Las defensas de los 95 imputados han intentado cuestionar la legalidad de la investigación desde la base. Han atacado los métodos, la competencia e incluso la imparcialidad del primer juez instructor, Miguel Ángel Torres, a veces con salidas de tono y exabruptos que tuvieron que ser frenados por el presidente del tribunal, José Godino. Los letrados han cuestionado la competencia del propio tribunal para juzgar el caso, dadas las ramificaciones provinciales de la red. Han sostenido que se vulneraron derechos fundamentales en las actuaciones policiales, como las escuchas telefónicas, los registros domiciliarios o los interrogatorios. Según ellos, el juez abusó de las detenciones y utilizó la prisión preventiva como fórmula de presión para lograr confesiones. El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha rebatido este intento de que el procedimiento se declare nulo recordando que todos estos argumentos fueron ya empleados durante la instrucción, y prácticamente todos los recursos presentados a instancias superiores fueron rechazados. Incluso el Tribunal Supremo avaló la legalidad de las escuchas de Malaya con motivo de la condena al ex juez De Urquía por aceptar pagos de Juan Antonio Roca. El Alto Tribunal señaló entonces que en "pocas ocasiones" había encontrado "una actuación más meticulosa y detallada". Entra dentro de lo esperado el afán de los letrados en tumbar la operación Malaya desde el principio. Dicho esto, hay que confiar en que el funcionamiento de la Policía y de la Justicia durante este caso no merece reproche alguno y mucho menos la nulidad del procedimiento. Es necesario que se llegue hasta el final de esta causa sin más dilaciones.