EL acto de apertura del año judicial, celebrado el pasado martes, vino precedido de un comunicado conjunto de las asociaciones de jueces y fiscales, en el que ponen de manifiesto "el difícil trance por el que en la actualidad pasa la Administración de Justicia" y denuncian sus muchas carencias y deficiencias.

Si bien es cierto que el texto no cuenta con la firma de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, no lo es menos que lo que en él se dice revela un profundo malestar, fundamentado en cuestiones no precisamente menores. Así, destacan en primer lugar el elevado déficit de jueces y fiscales en España, lo que unido al aumento de conflictos que la crisis viene provocando les obliga a afrontar una labor incompatible con la calidad exigible en una democracia que se proclama avanzada. "Ahí están los datos, señalan, España soporta una de las menores proporciones de jueces y fiscales de toda Europa, sólo por detrás de Azerbaiyán, Armenia, Dinamarca, Turquía, Malta y Georgia, según datos de la Comisión Europea para la eficacia de la Justicia". Pese a ello, subrayan, "en el año 2009 se han recibido en los tribunales españoles cerca de 10 millones de asuntos, lo que supone una proporción de 200 por cada mil habitantes, sin parangón en el mundo, habiendo resuelto en torno a los nueve millones, con un esfuerzo resolutivo importantísimo año tras año".

El problema se complica además, en segundo lugar, por la insuficiente inversión en Justicia (también muy inferior a la media europea), "no alcanzando ni por asomo el tres por ciento del PIB que fijan todas las recomendaciones".

La tercera de sus quejas, en la medida en que confirma una percepción generalizada entre los ciudadanos, me parece especialmente grave: España ocupa el puesto 56 en el grado de independencia, de acuerdo con el Foro Económico Mundial sobre la independencia judicial. La posición y la vergüenza no debieran pasar desapercibidas para los legisladores españoles. La independencia del poder judicial, le gustara poco o nada a Alfonso Guerra, es un principio esencialísimo de la democracia. Sin ella, todo es farsa, inseguridad y conveniencia política o económica. Se multiplican los espectáculos, desaparece la credibilidad y se instaura una decepcionante sensación de desamparo que gangrena los pilares y las reglas de una convivencia aceptable y aceptada.

Por último, tras relatar el desastre del marco retributivo vigente y la falta de voluntad de diálogo del Ministerio de Justicia, exigen la fijación de cargas de trabajo lógicas, el diseño de una nueva planta judicial y la realización de reformas que agilicen y racionalicen los procedimientos.

Todo un completo y sufrido diagnóstico, creo, que obvia cualquier otro comentario sobre la penosa salud de nuestro inasumible, ineficaz y a veces hasta esperpéntico sistema de impartir justicia.