Tiene razón la delegada provincial de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Casero, cuando acusa a la anterior administración socialista de la Junta de "anunciar y mantener promesas que no se podían cumplir". Se refería Casero al plan de carriles bici para Málaga, una intervención destinada a la habilitación de cincuenta kilómetros con este uso que en su momento fue anunciada por el Gobierno andaluz y que desde entonces ha tenido un seguimiento igual a cero. Pero igual podría haberse referido a la Biblioteca Provincial, al uso cultural del Convento de la Trinidad, a aquella residencia para jóvenes creadores en el PTA para el que la Junta llegó a comprometerse y a los más variopintos proyectos que quedaron en papel mojado. Eso sí, la letanía de promesas incumplidas es un asunto ya aceptado y asumido de manera amplia por la sociedad civil: los golpes de pecho y las manos en el fuego son observadas con el recelo y la desconfianza que aporta la más concreta experiencia relativa a la frustración, ya que, por más que los contribuyentes sean especialmente proclives a tropezar dos veces con la misma piedra, hasta los más resistentes a la evidencia son capaces de aprender la lección cuando les han dado demasiadas veces gato por liebre. Y habría que tener en cuenta esto cuando se habla de la desafección hacia la política y su capacidad real para solucionar los problemas. Las claves referentes a la baja participación electoral, la irrupción de nuevos partidos como respuesta a la citada frustración y el señalamiento de la clase política como uno de los principales problemas en España tienen que ver directamente, también, con las promesas incumplidas, algo que el votante percibe de manera cristalina en su entorno más próximo, ahí donde la política municipal y autonómica tienen sus competencias y donde más corresponde, en consecuencia, jugarse el tipo. Igualmente, la percepción de este escaso compromiso, interpretado necesariamente como desentendimiento, ligado al derroche de dinero público en las peores cloacas termina por cerrar la ecuación del descrédito para el decisivo alejamiento del ciudadano.

De modo que sí, hace bien Carmen Casero en denunciar que la Junta socialista hizo promesas que no podía cumplir. El problema llega, no obstante, cuando revisamos el programa para la provincia de Málaga con el que el PP se hizo con la Presidencia en las pasadas elecciones autonómicas y muy especialmente algunos compromisos que Juan Manuel Moreno Bonilla manifestó públicamente al respecto, como el tercer hospital, la llegada del Metro soterrado al Hospital Civil y la anhelada puesta en marcha del Plan para el Guadalmedina, siempre bajo la premisa de que la nueva Junta iba a ser capaz de resolver en cuatro años lo que la anterior no había podido arreglar en cuarenta. Poco a poco, el mismo Moreno Bonilla ha ido, con el debido sigilo, descartando algunas de las promesas más sonadas que hizo en la campaña electoral bajo la excusa, cierta, pero igualmente previsible, de que hay que establecer prioridades. Y a lo mejor debería ser una prioridad en política no hacer promesas que no se pueden cumplir.