ES una polémica que aparece y reaparece casi siempre vinculada a las protestas vecinales. Hay una parte importante de la ciudadanía que la justifica convencida de que cumple su papel dentro de la sociedad. Pero incluso para este colectivo, una cosa es estar a favor de la prostitución e incluso utilizarla y otra muy distinta encontrársela en cada esquina cuando se vuelve del trabajo, que pueda ser observada a simple tiro de ventana por los menores de la casa o que vaya incluida en el mismo paquete que todas las molestias que causa en la calle: ruido, suciedad y, en algunos casos, delincuencia. Raramente se piensa en el drama que se esconde ante lo que para algunos no es más que una actividad emprendedora de mujeres que han decidido ir por el camino más fácil.

No es el caso de los vecinos de Alameda de Colón, que han ido viendo en los últimos años como la marginalidad se apodera de la calle. Después de décadas han acabado conociendo y reconociendo cada síntoma de degradación que muestran, muy a su pesar, las mujeres que en esta zona se ofrecen. Una gran parte de estos vecinos sabe que con Soho o sin Soho, simplemente eliminando la prostitución de la calle, la zona puede adquirir un atractivo perdido hace años. Y esa, según explican, es la razón que les ha llevado a presentar alegaciones pidiendo que se incluya en la ordenanza provisional de convivencia ciudadana un artículo ya puesto en práctica en Granada y que implica fuertes sanciones económicas tanto para quien ofrece sexo como para quién lo reclama.

Que el Ayuntamiento acepte esas alegaciones tiene a los vecinos felices pero expectantes ante lo que pueda ocurrir en la comisión de bienestar social cuando el lunes que viene se abra el debate sobre la nueva ordenanza. Los grupos de oposición municipal se plantean no ir contra las sanciones pero exigir que el debate sobre el problema no se conforme con un cambio de escenario, como ha ocurrido con algunos pueblos de Granada donde se ha asentado la prostitución callejera huyendo de las sanciones impuestas en la capital.

Los colectivos que trabajan con prostitutas tienen un fundado temor. Puede aumentar la marginalidad y hacer a las mujeres aún más dependientes de los proxenetas. Sostienen estos colectivos que mientras están en la calle se les puede ayudar. Mas difícil resulta si son encerradas en prostíbulos de mala muerte o en lujosísimos chalets distribuidos por la costa. Parece evidente que mientras la sociedad no esté preparada para erradicar la prostitución, no querrá ver lo que se esconde tras ella: denigración, maltrato, extorsiones y un negocio de dimensiones desorbitadas.

Si hay algo que temer es que la nueva normativa tenga un efecto Guadiana, y se nos olviden las numerosas redes de trata de blancas descubiertas en los últimos años en la Costa del Sol. Eso es lo importante y no si la medida sancionadora va contra la libertad personal y la manera privada que cada cual tenga de vivir el sexo cuando está en la calle. Frivolidades no, por favor.