Aprobar el suplicatorio, levantar la inmunidad a Puigdemont y a sus dos acompañantes, Ponsatí y Comín, no ha sido tan difícil, a pesar de las presiones de los tres a sus compañeros de la Eurocámara, más el apoyo de los parlamentarios de Podemos, para conseguir dar un vuelco al resultado previsto.

No ha sido tan difícil porque los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, los grupos con experiencia de Estado, como el socialista, el conservador PPE y los liberales, habían anunciado tiempo atrás que votarían en contra de que se mantuviera la inmunidad para los tres catalanes independentistas rebeldes. Pero llega ahora lo más difícil: conseguir que la Justicia belga acepte la extradición de esos tres personajes que no han hecho nada bueno en política sino dejar abandonados a sus compañeros y fueron condenados a prisión, vivir sin dar golpe costeados por la Generalitat y partidos afines, y meter mano en la política catalana desde la distancia.

Bélgica no se ha caracterizado por aceptar los requerimientos de la Justicia española, ya ocurrió en los tiempos en que miembros de ETA se refugiaban en ese país. Alemania negó la extradición de Puigdemont, pero al menos allí la Fiscalía se manifestó a favor y expresó su disconformidad con la decisión de un tribunal de escasa entidad, pero que dio oxígeno al independentismo. Lo que toca ahora es que jueces y fiscales españoles, más la Abogacía General del Estado, atinen en su trabajo, acudan a las instancias pertinentes para desmontar las falacias montadas por los independentistas catalanes y se personen incluso ante los instituciones judiciales de la UE.

Dice la ministra Laya que la votación del Parlamento Europeo avala el diálogo del Gobierno con la Generalitat. Qué manía tienen algunos ministros de mezclar churras con merinas. No avala nada, sólo que tres eurodiputados deben ser juzgados por presuntos delitos cometidos cuando no eran parlamentarios. Lo que dice la votación, señora ministra, es que Pedro Sánchez, usted misma y otros compañeros, gobiernan en coalición con un partido, Podemos, que no reconoce las decisiones de la justicia española. Un partido que discrepa de las políticas económicas y sociales que promueven los ministros socialistas, un partido que no respeta las instituciones del Estado empezando por la Corona, y que ahora, con esos votos impropios de un partido democrático porque Podemos pretende bloquear algo tan democrático como garantizar que un presunto delincuente responda ante un tribunal, demuestra también que no acata las decisiones de la Justicia.