EL recorte de doscientos millones de euros en la subvención estatal a Radiotelevisión Española (RTVE), decidido por el Consejo de Ministros del viernes pasado, ha originado la convocatoria, prevista para hoy, de un consejo de administración del ente público que trata de dar respuesta al ajuste y adaptarse a la nueva situación. Algunos consejeros han expresado su temor a que el PP en el Gobierno intente desmantelar la televisión y la radio públicas y han apuntado soluciones inasumibles como la vuelta a la publicidad. Defendemos la continuidad de RTVE y, al mismo tiempo, la conveniencia de no hacer con ella una excepción a las obligadas políticas de recortes y austeridad. El Gobierno que acaba de subir los impuestos a los ciudadanos, pese a sus promesas en contra, y restringir prestaciones en materia de dependencia, investigación y cooperación al desarrollo está en la obligación de dar ejemplo con las empresas que de él dependen, y entre ellas el ente público RTVE, que dispone de seis canales de televisión y cinco de radio. Se impone apretarse el cinturón y reestructurar la televisión pública, que ha de centrarse en el servicio a los ciudadanos y no tratar de competir con las empresas de comunicación privadas, que además son forzadas a contribuir a su mantenimiento. Lo mismo cabe decir de las televisiones autonómicas, con presupuestos globales que superan los mil millones de euros cada año. Todas ellas deben ser redimensionadas en el sentido de contar con plantillas ajustadas a las necesidades y atenerse a lo que les ordenan las leyes autonómicas que las crearon: información veraz y plural, formación de los ciudadanos y entretenimiento. Ello puede implicar que se reduzcan los horarios de emisión y que sus contenidos se alejen de los parámetros en buena medida chabacanos que la competencia con las privadas les hacen a menudo asumir. Todos los trabajadores y empresarios se han visto damnificados por las medidas de ajuste. No hay por qué conceder un estatus de privilegio a estas sociedades públicas.

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