Todos los sistemas electorales son imperfectos y mejorables. No es una singularidad española el continuo debate sobre la búsqueda de mecanismos de elección más equilibrados, sino que es una constante en nuestro entorno político. La dificultad está en hallar la fórmula que, de una parte, refleje mejor la voluntad política de la ciudadanía, respete la referencia territorial del electorado y, a la vez, facilite la gobernanza de forma lógica y estable. De los diversos procedimientos existentes, en todos se producen disfunciones que con mayor o menor intensidad suponen desviaciones en el resultado electoral final. Pero en todos los casos, en términos generales, se producen la aceptación del método y el acatamiento del resultado.

En España la esencia del actual sistema electorales es anterior a la Constitución. Se plasmó en un decreto Ley del mes de marzo de 1977, es decir, tres meses antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas. Por tanto uno de los factores positivos del actual sistema es que fue producto de un acuerdo de todas las fuerzas políticas sin que pueda decirse que se diseñara pensando en favorecer a uno u otro partido, porque los resultados electorales entonces eran una incógnita. Por eso al abordar la reforma, como la que pretenden Podemos y Ciudadanos, habría que huir de la impresión que se está dando, de que más que plantear un sistema que refleje mejor el sentir político de la ciudadanía, se está persiguiendo el mecanismo que más beneficie a determinados partidos, buscando un traje a la medida en lugar de mejorar el sistema. La modificación del sistema electoral debería gozar de un amplio acuerdo institucional; sin ser exigible la unanimidad, que no parece alcanzable actualmente, sí debe tener el apoyo explícito de una sensible y significativa mayoría de la Cámara. Es la manera de garantizarse la legitimidad, la aceptación y la forma de evitar el riesgo de que el cambio de mayorías parlamentarias lleve aparejado el intento de una nueva modificación del sistema. Por otra parte sería deseable que si se trata de abordar la cuestión en profundidad, y no tan sólo buscar una modificación numérica de los resultados, sería necesario no cuestionar el sistema proporcional elegido, sino abordar la cuestión que más están condicionando nuestro procedimiento: la circunscripción electoral -la provincia- y la adjudicación de escaños a cada una de ellas. Sin abordar esta problema difícilmente podemos hablar de una reforma que sea algo más que una fórmula de mejorar resultados particulares.