ADELGAZAR la Administración? ¿Reducir los derechos laborales? ¿Desfuncionarizar el empleo público ? ¿Externalizar? ¿Racionalizar? He aquí algunos de los interrogantes que se ciernen como amenazas sobre la Administración Pública a raíz de la crisis económica.

Si vamos a reformar la Administración, hagámoslo racionalmente. No debemos conformarnos con que los servicios públicos sean lo que queda después de los sucesivos recortes. Eso es una chapuza. Necesitamos un gran objetivo colectivo que guíe esas reformas. La profesionalización (de la gestión) de la Administración en el sentido de limitar su excesiva politización actual redundaría en una mayor eficiencia a la vez que limitaría las posibilidades de corrupción. También legitimaría las duras medidas de ajuste que se han adoptado contra los empleados públicos.

Según el profesor Víctor Lapuente, investigador de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), la causa más importante de la corrupción en países como España, Italia o Francia no es un "factor cultural" ni la falta de controles administrativos y legales, sino la excesiva politización de la Administración Pública. Según Lapuente en los países desarrollados pueden observarse dos modelos de gestión: El modelo strong-mayor, imperante en países como España, acumula mucho poder en manos de un solo cargo (alcalde) y su equipo de gobierno. En el modelo city-manager los cargos electos retienen el poder legislativo, pero el ejecutivo pasa a manos de profesionales nombrados por la mayoría y por un periodo no coincidente con el ciclo electoral. En una ciudad de 250.000 habitantes el número de cargos de libre designación política tras las elecciones pueden variar entre unos pocos o centenares dependiendo del modelo que hayan adoptado. En el modelo city-manager se buscan mecanismos institucionales que permitan la selección y mantenimiento de los cargos técnicos con responsabilidad ejecutiva dependiendo de su competencia y no de su lealtad política. Es el que impera en los países con bajo nivel de corrupción.

A simple vista puede parecer muy difícil pasar de un modelo a otro, pero otras sociedades lo han conseguido. Algunas ciudades americanas presentaban un grado de clientelismo y corrupción a principios del s. XX como el que se refleja en Gangs of New York. Un gran esfuerzo reformista consiguió cambiar radicalmente el panorama.

En un nuevo contexto podrían plantearse nuevas metas. Todo el empleo público no tendría por qué ser de carácter funcionarial. Podría existir un mercado de empleo público (no una convocatoria de oposiciones) en el que profesionales cualificados pudieran competir y hacer carrera sin necesidad de permanecer en el mismo puesto o departamento toda la vida. No es imposible buscar nuevas fórmulas del tipo "todos ganan". Países avanzados en esta materia (y en la lucha contra la corrupción) como Suecia o Nueva Zelanda están experimentando nuevas modalidades con éxito. Pero si las reformas comienzan por la reducción simplista y la desprotección injusta del funcionariado sólo conseguiremos una mayor politización de la gestión pública sin el control que aún hoy representan estos servidores públicos profesionales.

Hay que renovar el pacto entre funcionarios y ciudadanos (una parte de ellos lo han conseguido: la Policía, el Ejército y parte del sector sanitario). Los funcionarios son servidores públicos, están al servicio de la sociedad y son el garante de la legalidad, la justicia, la equidad en las decisiones político/administrativas. No pueden estar al arbitrio del político de turno o, peor aún, de su "persona de confianza" (¡Por Dios, que hasta el nombre suena a cosa nostra!). Deben estar protegidos para ejercer su función. Representan un límite al poder omnímodo de los políticos -con sus cohortes de asesores, secretarios y cargos de confianza- que se han adueñado de la administración con el riesgo de corrupción e ineficacia.

Esto no está reñido con que se reforme el funcionamiento de la Administración para hacerla cada vez más eficiente. Por ejemplo, en vez de crear estructuras opacas intermedias como las famosas empresas públicas de las comunidades autónomas habría que considerar en serio a los ayuntamientos como la Administración encargada de la prestación final de los servicios. Esto permitiría a su vez abordar el problema crónico de la financiación y las competencias de la administración local, el tan traído y llevado pacto local.

Tampoco debemos consentir que el futuro de la gestión de los intereses de todos se dirima en el terreno de juego de dos equipos: políticos y sindicatos. Falta escuchar la opinión de los técnicos, de los profesionales y, a través de nuevos mecanismos de participación que van más allá de las elecciones, también la de los ciudadanos.