El Gobierno ha aprobado un real decreto ley que obligará a que los servidores que utilice cualquier institución del Estado deberán estar localizados en la Unión Europea. Una nueva medida para cercar a los independentistas catalanes, que utilizan servidores de difícil control en paraísos en los que es fácil situarse al margen de las leyes que siguen los países democráticos, y que se han convertido en elementos clave para que potenciar las plataformas independentistas y promover sus iniciativas. El real decreto va acompañado de más medidas contra el independentismo, como recursos ante el Tribunal Constitucional y personación de la Abogacía del Estado en procedimientos en defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Más electoralismo, imposible.

Sánchez ha presentado el real decreto como una respuesta eficaz a los intentos de avance independentista, pero el hecho de que lo haya llevado al Consejo de Ministros a diez días del 10-N tiene unos tintes que no engañan a nadie. La lucha de los constitucionalistas, con el Gobierno a la cabeza, es por tierra, mar y aire. Pero Sánchez se resiste a aprobar medidas que exigen los que quieren más contundencia, como la Ley de Seguridad Nacional o el 155, porque, según el presidente, la coordinación que existe entre las fuerzas de seguridad deja sin sentido aplicar la LSN y porque desde que dejó de tener efecto el 155 las autoridades nacionalistas han tenido buen cuidado en no quebrantar la ley.

No todo el mundo comparte este criterio de moderación ante una estrategia de violencia independentista desconocida hasta ahora. Pero es Pedro Sánchez quien marca el camino contra los independentistas puesto que es quien gobierna y, si se mantiene como presidente, con toda seguridad mantendrá esa misma cautela.

Cautela que intenta disimular con este real decreto ley que lo presenta ante los votantes como un dirigente decidido a actuar con la máxima energía contra los grupos independentistas que, con el apoyo de Puigdemont y Torra, apuestan ahora por la violencia, la guerrilla urbana y el bloqueo de los transportes y universidades. Con una amenaza en ciernes que preocupa a Moncloa: la Generalitat pretende promover la libertad condicional para los dirigentes del procés. Será después del 10-N, para no contribuir a que esa decisión provoque una indignación contra el Gobierno socialista que repercuta en las urnas. Los independentistas siguen prefiriendo a Sánchez en Moncloa antes que cualquier otra opción. Cataluña, lo demuestra este real decreto de última hora, condiciona el resultado de unas elecciones clave para el futuro de España.