Responsabilidad encubierta

El independentismo ha jugado con la indefinición de dónde se traza la línea entre lo pacífico y lo violento

La causa de la causa es causa del mal causado". Esta frase, además de parecer un atractivo trabalenguas, es una máxima jurídica que se aplica para determinar responsabilidades que, en principio pretenden mantenerse ocultas. Se usa para evitar caer en la miopía de buscar la culpabilidad sólo en los últimos efectos de una acción sin analizar los motivos que pudieron originarlo. Y es evidente que a la hora de buscar responsabilidades de los últimos incidentes violentos de Cataluña, los que alentaron, provocaron y convocaron a la llamada resistencia pacífica o desobediencia civil no pueden sentirse ajenos a los últimos efectos que estos llamamientos han producido. Ellos son la causa de la causa y por tanto no pueden saldar su responsabilidad con una declaración más o menos sentida de condena de la violencia. Porque, desde el principio, el independentismo convocante de las movilizaciones ha jugado con la calculada indefinición y la dificultad de fijar dónde se traza la línea que divide lo pacífico de lo violento. Nadie le discute el derecho de manifestación ni de protesta, pero declarar como ejemplarmente pacífico y democrático colapsar un aeropuerto, destrozar vías férreas o cortar autopistas es una concesión excesiva a lo que tradicionalmente se ha entendido como desobediencia civil. Y es que en la esencia de las movilizaciones planificadas para estos días en Cataluña subyace una violencia contenida en la que la intimidación, el forcejeo, el acoso y la presión física para violentar voluntades y causar incomodidades y perjuicios sociales a la ciudadanía son el elemento central de su estrategia. Y admitida, ponderada y ensalzada esa forma de protesta, lamentar después las agresiones a la policía y los destrozos y quema del mobiliario urbano no deja de ser una posición cínica y poco creíble. No vale lamentar el incendio cuando se ha facilitado el combustible.

Ante esta deriva de violencia y engaño, los partidos no separatistas también deberían asumir las responsabilidades del momento y no dedicarse a competir en declaraciones grandilocuentes y en peticiones de medidas excepcionales que por ahora ni parecen operativamente necesarias ni constitucionalmente justificadas. Es prioritario centrarse en la búsqueda de la eficacia policial y la unidad política, sin más ánimo que colaborar con el fortalecimiento del estado de derecho y a la firmeza democrática. Claro que para conseguirlo no se debería estar continuamente mirando a las encuestas.

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