El Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó al poder gracias a los votos de Podemos y a los de los partidos independentistas, no solamente quiere gobernar, sino enseñar a la oposición cómo debe realizar su labor. Según dice Pablo Casado, líder del principal partido de la oposición, ha ofrecido al Gobierno acuerdos para una o dos legislaturas y pone, como es lo propio, sus condiciones para ello. A saber: inhabilitación de Torrá, despolitización de la Justicia, convocatoria de la mesa bilateral en Cataluña, renuncia a subir impuestos, mantenimiento de la reforma laboral, considerar a Juan Guaidó como interlocutor y no modificar el Código Penal pensando en personas concretas. Estas condiciones podrán considerarse oportunas o no, y durante la hora y media que duró el encuentro entre el presidente y el líder de la oposición hubo tiempo para matizarlas y acomodarlas. Lo que es impresentable es que, incluso antes de la reunión, los comentarios de la prensa adicta fuesen unánimes sobre que nada se puede acordar, porque el PP sigue instalado en su "estrategia de bloqueo" y la ministra portavoz, con su habitual tono desgarrado, negase con rotundidad que Casado hubiese tendido la mano al presidente. Su alegato no terminó ahí, porque señaló que Casado "aún no se ha enterado del resultado de las elecciones", calificando su actitud de "negacionista", porque "bloquea el funcionamiento de las instituciones" y su postura impide que el presidente aborde con él "nada respecto a Bruselas". No sé si es Iván Redondo el promotor de estas frases o el periódico El País, que dice que el PP usa las instituciones de rehenes. Por eso, llega el Gobierno a la conclusión de que cuando el PP respete el resultado de la democracia y recupere la senda de la responsabilidad "encontrará este Gobierno en el mismo sitio y con la mano tendida, para alcanzar pactos y consensos". Vamos, que no quieren oposición. ¿ Y no podrían probar a empezar acordar con el PP y resto de la oposición para no depender exclusivamente de aquellos a los que España les importa un comino?

Lo que ocurrirá será, presumiblemente, que Torrá no será inhabilitado y que Puigdemont se paseará en olor de multitud por Barcelona, porque como dice mi paisano el ministro de Justicia, "se dará una vuelta a los delitos de rebelión y sedición para ajustar los ataques a la Constitución". O sea, que esas actuaciones no serán delitos si los cometen los que tienen que aprobarte los presupuestos. También que se celebrarán referéndums para quien los pida. ¿Será esta la herencia del Gobierno del PSOE de Sánchez?