Disculpen que insista, pero el sistema sanitario público se ha convertido en un grave problema en Andalucía. Una Comunidad Autónoma tiene competencias especialmente en tres ámbitos: la sanidad, la educación y los servicios sociales. En lo demás puede hacer algo de postureo pero las decisiones políticas relevantes se toman desde el Gobierno de España, al tener la competencia directa, por afectar a la actividad económica general o al ser una materia cedida a la Unión Europea. Sin embargo, en esos tres pilares del estado del bienestar, el Gobierno central solo establece las bases y las Comunidades gestionan de forma autónoma el sistema a través del cual se presta el servicio.

En consecuencia, a un Gobierno autonómico hay que valorarlo, fundamentalmente, por su forma de gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales, más que por el índice de paro o el PIB de la Comunidad. Pues bien, si hay que hacer balance de la gestión de la sanidad en Andalucía sólo cabe decir que está siendo un auténtico desastre. Si había alguna duda, se ha disipado con el irresponsable despido de 8000 sanitarios justo antes de que llegara Omicron. Dice el vicepresidente de la Junta que todo no se va a arreglar contratándolos de nuevo. Sin embargo, cuando vemos las largas colas en las puertas de los centros de salud o advertimos el hartazgo y el cansancio de unos profesionales que deben redoblar esfuerzos nos acordamos del fatal error político. Más aun cuando comprobamos que muchos de estos sanitarios han sido contratados por otras Comunidades Autónomas, que se han tomado en serio el refuerzo de la sanidad pública.

He mencionado en alguna ocasión la posición del consejero de Salud en defensa de la sanidad privada. Siquiera por cálculos electorales, podría esperarse una aparente defensa del sistema público. Sin embargo, dos factores hacen que cada vez se enmascare menos este proceso de privatización, como muestra el reciente decreto ley de simplificación administrativa. Por un lado, la experiencia de Madrid, donde el sistema público se está convirtiendo prácticamente en residual, sin que haya tenido un coste electoral. Por otro lado, desde el Gobierno andaluz pueden tener la percepción de que en el ámbito sanitario cuentan con suficientes apoyos como para evitar un rechazo generalizado a sus políticas. Frente a ello, al contemplar el paulatino deterioro del servicio sanitario público y el agotamiento de los servidores públicos que nos cuidan me siento obligado a recordar cada día la importancia de una buena sanidad pública para cohesionar la sociedad.