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Se preguntaba uno si era posible que la Junta de Andalucía sacara pecho por la gestión del caso de la listeriosis. Y resulta que sí. Es más, todo el que ha podido, desde el presidente Moreno Bonilla hasta el consejero Jesús Aguirre, ha presumido de las actuaciones emprendidas, consideradas por los mismos responsables del Gobierno andaluz como modélicas, ejemplares, representativas de una democracia avanzada y de una administración rigurosa. Uno podía entender que los de Vox se limitaran a encogerse de hombros y reaccionar cuando ya se habían contado algunos muertos dado que aquí no hay, de momento, inmigrantes a los que echar las culpas; incluso, que la Junta se dedicara a echar balones al Ministerio de Sanidad, el Ayuntamiento de Sevilla y a cualquiera que se pusiera a tiro con tal de entonar el a mí que me registren. Pero que quienes tenían que dar explicaciones desde el primer minuto se personen ahora como acusación particular contra Magrudis, así de afectados, después de que Aguirre evitara cualquier atisbo de autocrítica y saliese a defender la actuación de los suyos, resulta cuanto menos alucinante. El consejero que afirmó que eso de la sanidad pública y universal era inviable, el mismo que invitó a hacerse una foto con el siguiente hijo a la mujer que acababa de perder al bebé que esperaba a causa de la listeria (lo que justifica de paso que la Consejería de Salud añadiera a su título la cartera de Familias), sostiene, sin el mínimo asomo de duda, que ellos lo han hecho bien. Mientras, resulta que Magrudis carecía de permisos para desarrollar su actividad, para acometer la ampliación que realizó sin problemas en sus instalaciones y para vender los productos de otras firmas que comercializaba sin obstáculos. El dueño de la empresa se limita a decir que ha gastado un dineral en lejía y que, si hay bacterias en los quirófanos, cómo no los va a haber en sus dependencias. Por más que al Ayuntamiento de Sevilla le corresponda el control de las instalaciones, la Consejería de Salud se ha limitado a mirar para otro lado. No hay manera de entender que la Junta no ejerciera medidas de control sobre esto.

Igual que no hay excusa alguna para sacar pecho y presumir de la gestión emprendida porque una crisis semejante nunca debía haberse desatado. Aquí sólo cabe hablar de fracaso y de cómo se las apañan las instituciones públicas para que el desastre sea el menos dañino de los posibles. Esto no va de acusaciones particulares ni de solemnidades justicieras, sino de hacer política, y cuesta creer que, con el abultado control estatal y autonómico al que (afortunadamente) debe hacer frente cualquier ciudadano a la hora de afrontar cualquier actividad económica, una empresa de productos cárnicos pueda permitirse el lujo de alojar un foco de listeria y contagiar a más de doscientos consumidores, víctimas mortales incluidas, para que luego salga un consejero de Salud diciendo mire usted, nosotros lo hemos hecho estupendamente. La sociedad española en general, y los afectados en particular, se merecen otro trato, no este sainete vergonzoso. A saber a quién quiere convencer la Junta. Salvo que sea a ellos mismos, claro.

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