QUE el Gobierno haya virado radicalmente en su política sobre el conflicto del Sahara hasta el punto de asumir los planteamientos anexionistas de Marruecos no es difícil de entender. La realpolitk impone que la ideología se sacrifique a los intereses y el pragmatismo conduce a poner la seguridad nacional y las relaciones económicas con el vecino más poderoso por encima de los compromisos políticos y éticos que nuestra condición de ex metrópoli nos hizo asumir en el pasado.

Un pasado no tan lejano. Son muy recientes aún los pronunciamientos oficiales en favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, los manifiestos contra la ocupación unilateral por parte de Marruecos, los plebiscitos de nítido significado político (en el Parlamento andaluz bajo dominio socialista se celebró uno) y los stands del Frente Polisario en todos los congresos socialistas. Y no ya reciente, sino vivo y actual, es el respaldo popular hacia una causa que, aunque perdida, sigue despertando simpatía y afecto en nuestros pueblos y ciudades. Quizás es que las causas perdidas son ya las únicas por las que merece la pena moverse.

Todo esto lo han tirado por la borda los gobernantes españoles de la era Zapatero en aras del interés general de España. Vale, pero al menos podrían mantener las formas, cuidar la imagen, rehuir el bandazo, evitar que a la claudicación, tal vez necesaria, se añada la indignidad. Nada de ello se ha eludido en el caso del grupo de ciudadanos españoles que pretendieron manifestarse pacíficamente en El Aaiún por la libertad de los saharauis y fueron agredidos, retenidos hasta la madrugada y expulsados por las autoridades marroquíes que ocupan de facto el territorio pendiente de descolonización.

Que fueron imprudentes al ignorar de modo consciente la vigencia de la legislación marroquí está fuera de duda. Pero eso no justifica ni la brutalidad de la represión a que se vieron sometidos ni, mucho menos, que el Gobierno español acepte sin más la versión oficial del marroquí de que en realidad los agresores fueron vecinos de El Aaiún indignados por la provocación de unos extranjeros mientras que la Policía de Marruecos se limitó a protegerlos de la ira popular y llevar al hospital a los que resultaron más dañados. Como si no supiéramos lo bien organizadas que están en ciertos regímenes políticos las movilizaciones ciudadanas espontáneas... Ni con la boca pequeña ha sido capaz de quejarse el Ejecutivo.

Palabra contra palabra, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha preferido creer la de una Policía extranjera y dudosamente democrática que la de un grupo de españoles que ejercían un derecho humano universal. ¿No merecían ser defendidos primero, aunque luego les riñéramos en el ámbito doméstico?