EL ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que ha gestionado con acierto las dificultades para el pacto sobre las pensiones y otros contenidos sociales, acaba de derribar un tabú que lleva muchos años instalado en la negociación colectiva española: la vinculación de los salarios con los precios. Hace sólo unos días, Gómez salió al paso de la exigencia de la canciller alemana, Angela Merkel, de que la fijación de los sueldos de los trabajadores se haga en función de la productividad. El ministro se declaró satisfecho del funcionamiento de las cláusulas de revisión salarial presentes en los convenios colectivos, que vinculan las retribuciones de los trabajadores a la evolución de los precios. Ahora, por el contrario, ha aceptado que, aparte de los precios, se tenga también en cuenta la productividad de cada empresa. Viene a coincidir también, en este sentido, con una demanda tradicional del Banco de España, a la que se ha sumado la patronal CEOE. Se trata de una postura razonable: el problema fundamental de la economía española es su falta de competitividad y obligar a cada empresa, independientemente de su situación y resultados, a aceptar un incremento de salarios derivado sólo del IPC conlleva un aumento de costes que puede desembocar en reducción de plantillas. Es lo que ha ocurrido de hecho en España en los últimos años. Los ajustes se han producido sistemáticamente en términos de disminución del empleo, y mucho menos en control de sueldos. De hecho, en el año 2009, en la peor etapa de la crisis y de la destrucción de puestos de trabajo, los salarios medios subieron un 4%. Los sindicatos no quieren ni oír hablar de una medida de este tipo, que afectaría seriamente a lo que consideran una conquista histórica. Pero la sociedad debe plantearse si prefiere en su conjunto que el trabajo se remunere menos a cambio de que se mantenga el empleo o si se defienden alzas salariales a costa de que haya más desempleados. Lo normal es que se imponga la flexibilidad y se tenga en cuenta la situación de cada empresa. El ministro ha declarado abierto el debate.