LA crisis económica, además de poner en cuestión el estado del bienestar español, ha hecho que aflore el desequilibrio existente entre los recursos financieros que manejan las distintas administraciones públicas -Estado, autonomías y ayuntamientos- , así como la falta de rigor con la que se han gobernado en los últimos años determinados organismos públicos. Muchas instituciones están pasando en un lapso de tiempo demasiado corto de una situación de holgura y desahogo presupuestario a sufrir verdaderos apuros para sostener sus gastos ordinarios de funcionamiento. Un pendulazo que sólo perjudica a los ciudadanos, a las empresas y a los empleados que trabajan para el sector público. Como resultado de tan violento giro, el Gobierno central ha comenzado a aplicar un plan de ajuste, por orden de la Unión Europea y ante la presión de los mercados, para reconducir el elevado déficit público. Las autonomías, que en las pasadas décadas multiplicaron su estructura con la creación de un sinfín de agencias, organismos y empresas públicas, preparan planes para reconducir su tamaño sin recortar los gastos sociales básicos -sanidad y educación- y poder devolver al Estado el dinero cobrado por ingresos que no han podido recaudarse. ¿Y los ayuntamientos? La mayoría de ellos está en una situación realmente crítica. Los consistorios de las grandes capitales soportan una deuda que hipoteca su funcionamiento y lastra su capacidad de inversión. Los medianos y pequeños municipios, que gastaron en exceso confiando en que la burbuja inmobiliaria nunca estallaría, tienen dificultades para pagar sus contratos y hasta la nómina de sus trabajadores, muchos de ellos contratados coyunturalmente, cuando los síntomas de la crisis ya eran evidentes, por motivos de interés electoral. Su situación es realmente límite. El plan de ajuste estatal, que limita la capacidad de endeudamiento de los municipios, ya provocó en su momento un conato de rebelión de los alcaldes. El problema de fondo de la financiación local sigue sin abordarse. Ni las nuevas leyes andaluzas han arreglado la situación ni el Gobierno ha cumplido el calendario prometido a los alcaldes. Ahora pospone incluso la discusión del problema hasta 2013. Si no se adoptan medidas urgentes, la quiebra de los ayuntamientos dejará de ser una hipótesis para convertirse en una realidad.