Tras cuatro años de mayoría absoluta y casi uno de ejecutivo en funciones, el PP gobierna desde octubre en minoría. Sin más sobresaltos hasta ahora, gracias a las debilidades ajenas más que a las virtudes propias. Pero desde hace unos días parecen amenazadas las tranquilas aguas de la estabilidad. Los problemas judiciales del presidente murciano y su negativa a dimitir ha abierto con Ciudadanos una crisis de consecuencias imprevisibles. Debido a una fatal coincidencia el estallido de la crisis murciana se ha producido cuando terminaba el plazo previsto para poner en marcha las medidas del pacto anticorrupción firmado por ambos partidos: una condición sine qua non para los de Rivera cuando dieron su apoyo afirmativo a Rajoy. Un acuerdo preventivo con el que Ciudadanos pretendía evitar verse arrastrado, con su apoyo, al lodazal de corrupción en el que chapotea el partido del gobierno. El PP afirma sin el menor pudor que ambos partidos eran conscientes de que no se cumpliría. No parecen los populares muy preocupados, deben estar seguros de tener atado en corto a Ciudadanos. O bien aún no se han dado cuenta de su frágil situación parlamentaria. O están muy seguros de que nadie forzará nuevas elecciones. Nunca se sabe. Por lo pronto C´s ha enseñado los dientes uniendo sus fuerzas a PSOE y Podemos para poner en marcha una comisión parlamentaria que investigue la financiación en el PP. Si tenemos en cuenta que la intensa actividad judicial de las últimas semanas ha elevado a máximos la sensación de corrupción, el PP podría estar jugando con fuego provocando una crisis con sus socios preferentes por negarse, precisamente, a cumplir lo pactado para luchar contra la corrupción.

Puede ser razonable, como alega el presidente murciano, esperar a que termine la instrucción y ver si hay o no imputación formal. Pero ni eso es lo que él mismo ha pactado, ni tampoco lo que su partido, y probablemente él mismo, han mantenido cuando un adversario político se ha encontrado en su misma situación. Tampoco, como se ha dicho, su situación es comparable a la de Chaves y Griñán. Estos esperaron a la apertura de juicio oral para dejar su escaño, la presidencia de la Junta de Andalucía la habían abandonado, el primero en 2009 (después dejo de ser ministro en 2011) y el segundo en 2013. Es difícil de entender el ninguneo de los populares a su más firme apoyo parlamentario. No es la soberbia un pecado que se puedan permitir.