LA noche del 3 de diciembre del 2010 quedará registrada como la noche del secuestro de la sociedad por un grupo de controladores. Aunque el suceso es grave y haya escandalizado, no deja de ser un episodio más de la cotidiana desprotección de los ciudadanos y la irresponsabilidad de los gobiernos nacionales. Desgraciadamente pronto, otros hechos, triviales o de igual calado, entretendrán a la sociedad y se pasará página sin haber resuelto nada.

Se ha de asumir que vivir en democracia supone como premisa la existencia de ciudadanos de a pie, libres y responsables, dispuestos a que se les respete su dignidad personal.

El motín de los controladores no era una emergencia fortuita. Es una situación arrastrada por gobiernos irresponsables. El Ejército es una reserva última para situaciones límite fortuitas, pero no para solventar situaciones de desgobierno continuado. Tampoco se le puede desgastar y utilizar como espantapájaros. La firma de un decreto a media noche es el acta pública de reconocimiento de la incapacidad gubernamental.

Durante años todo el sistema de aeropuertos ha sido y sigue siendo testimonio de la vejación de los ciudadanos. Retrasos generalizados, suspensión de miles de vuelos, retención de pasajeros durante horas dentro de los aviones en pista, han sido y seguirán siendo lacras del servicio.

Los procedimientos de reclamación son una burla y la posibilidad de indemnización un escarnio. Los procedimientos administrativos, obsoletos, y la posibilidad de reclamación judicial, pura teoría.

Lo peor es que la situación va a seguir igual. Antes fueron los sindicatos de la limpieza y el personal de tierra o los controladores franceses, y mañana habrá otros secuestros de la libertad de los ciudadanos, en manos de no se sabe qué intereses particulares.

Hay problemas que sólo tienen una respuesta institucional europea y mundial. Una de ellas es el tráfico aéreo. Se necesita una auténtica Autoridad europea para el control del tráfico aéreo, con plenos poderes y con capacidad para actuar, con prontitud, medios y energía.

Y como complemento es imprescindible la aprobación de un reglamento de funcionamiento de los servicios públicos esenciales para toda la UE. Hace años hubo una primera tentativa que fue dejada al mínimo por los gobiernos. Y así podíamos seguir enumerando sectores y dimensiones esenciales de nuestra sociedad que únicamente pueden tener una respuesta comunitaria.

Cuando hablo de gobiernos no me refiero a ningún gobierno concreto ni de ningún signo político. Me refiero, fundamentalmente, al modelo genérico de las llamadas democracias europeas, que está en crisis terminal, desde hace más de sesenta años.

El episodio de los controladores es una anécdota más del desgobierno que nos ha conducido a la crisis actual. Unos titulares no pueden enmascarar realidades más profundas. Los gobiernos nacionales han de asumir su incapacidad para proteger a los ciudadanos en determinados ámbitos esenciales. Es lo que las instituciones de la UE están intentando de asumir.

Pero los gobiernos, en vez de potenciar, extender y profundizar las instituciones de la UE, en los últimos diez años, fundamentalmente, con la llegada de jefes de gobierno populistas y nacionalistas, lo único que están haciendo, desde el Tratado de Amsterdam, de 1999, es desnaturalizar y debilitar el proyecto europeo.

En el ámbito de la política económica y monetaria, en la política exterior y de defensa, en todas las normas que conforman un mercado único y cuestiones esenciales de protección de libertades se necesita que las instituciones de la UE dispongan de competencias plenas, en beneficio de los ciudadanos y como una aportación a la estabilidad mundial.

El fiasco reciente de Grecia e Irlanda y la falta de confianza en los gobiernos de otros países como España, Portugal, Bélgica e Italia son otra muestra de esta penosa situación de desgobierno que sufren los ciudadanos europeos. Vendrán otras que tendrán su origen en otros lugares.

Sólo los ciudadanos que se sientan libres y responsables y no acepten que se le mancille cotidianamente su dignidad podrán hacer cambiar a esos gobiernos y a los partidos políticos que los sustentan.

Los ciudadanos tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Los gobiernos también, y en primer lugar. Pero aquí nadie se responsabiliza de nada. La responsabilidad política, por acción u omisión, parece no existir. Tampoco los delitos de masa, en el ámbito civil y penal. Están en los códigos, pero ausentes en su aplicación judicial.

Mientras los ciudadanos no se pongan en pie y exijan una actuación prioritaria y urgente para dotar a Europa de las instituciones de gobierno eficaces que necesita seguiremos en la misma situación de impotencia y desesperanza. Europa necesita ciudadanos libres y responsables y no ciudadanos de rodillas.