Calle Larios

pablo / bujalance

Subsidiarios

NO crean que el caso de Carmen Díaz es único. La concejal de Educación del Ayuntamiento de Marbella criticó a través de Twitter (hay que ver lo bien que nos lo pasamos a costa de los arrebatos de sinceridad de algunos, como si los 140 caracteres fuesen un capote al que embestir) a la escuela pública, a la que consideró "proteccionista y creadora de ciudadanos subsidiarios, débiles y dependientes". Más allá del tono nietzscheano de la proclama, a la oposición le ha indignado, sobre todo, que Díaz haya dicho esto siendo profesora de secundaria en excedencia. Pero, en realidad, este prejuicio se encuentra bastante extendido dentro incluso de la misma escuela pública. Desde la Transición, por más que se haya conculcado como derecho, la educación universal y gratuita ha sido al mismo tiempo contenedora de los más diversos complejos y de consideraciones de segunda respecto a los centros, sistemas y oportunidades reservados a las élites. Desde que comienza a ejercer, al maestro que se integra en el sistema público se le envían mensajes cada vez más contundentes en los que se le deja bien claro que esto es lo que hay, que por más que la Junta lleve ordenadores a todos los colegios posiblemente no va a encontrar un enchufe sano en su aula y que va a tener que tirar de imaginación si quiere reproducir eso que llaman la educación del siglo XXI. Añadan la supresión de pagas extraordinarias, la pérdida de poder adquisitivo y la negativa de la administración a sustituir a los docentes que se dan de baja hasta al menos quince días después de la misma y comprenderán que no pocos profesores vean esos colegios ingleses tan hermosos, dotados y competitivos de la Costa del Sol como una quimera. La declaración de Carmen Díaz no es más que una demostración más de que la escuela pública, o al menos lo que ésta quiso ser en su día, ha muerto. Porque ya no se trata sólo de sobrevivir a los cortes de luz y de calefacción: también a las proclamas que desde una derecha bien segura de su posición la tachan de proteccionista, inquisitorial, aleccionadora e intransigente. De cualquier forma, la Lomce ya se dispone a poner las cosas en su sitio, a dejar en la cuneta a los subsidiarios y premiar a los más competitivos y capaces. El derecho universal ha llegado a su fin. Quien no llegue el primero, ni siquiera llegará el último.

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