EL secretario general de un sindicato últimamente muy activo, el que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ha cifrado en 850 euros lo que paga de más cada contribuyente para compensar lo que se deja de recaudar por culpa de la evasión fiscal, es decir, de los que se las apañan para burlar al Fisco.

Sólo con que se redujera a la mitad la economía sumergida, prosigue el sindicalista, se podrían ingresar unos 38.500 millones de euros, casi el doble de lo que se recauda con el impuesto de sociedades. Pero eso requeriría una firmeza y una determinación de la que han carecido hasta ahora los sucesivos gobiernos de la nación. Ninguno ha querido arrostrar la impopularidad correspondiente y meterle mano a la economía sumergida.

El Gobierno de ahora ha impulsado un plan de lucha contra el fraude fiscal. Hay que alabarlo, naturalmente, pero sin perder de vista su modestia. Su objetivo de recaudación se ha fijado en un 20% menos del perseguido por el Gobierno de antes. Y adolece de lo mismo que éste: pone en el punto de mira a los autónomos y pequeñas y medianas empresas, que están más a mano y son relativamente fáciles de investigar y detectar, y es mucho más ineficaz y permisivo con las grandes empresas, que disfrutan de los beneficios de la ingeniería financiera y de una legión de asesores, abogados y gestores financieros. Por no hablar de los desequilibrios que contiene el propio sistema fiscal español, en el que los grandes patrimonios no quedan retratados en el impuesto sobre la renta, al disponer de sociedades instrumentales en las que refugiar sus viviendas o sus acciones.

Dicho lo cual, hay que admitir que la imaginación picaresca nacional ha generado una casuística ilimitada de fraudes a Hacienda. Desde el pago de parte del sueldo de los trabajadores en dinero B -que a la larga perjudicará a los asalariados en casos de jubilación, desempleo o baja por enfermedad- hasta las horas extraordinarias extralegales, pasando por las obras y chapuzas sin factura, las minutas cobradas por profesionales de la sanidad privada o la abogacía a sus clientes sin papeles o con papeles que recogen una cuantía menor a la real, o la constitución de empresas pantalla expresamente para defraudar el IVA.

Todo esto se ve favorecido por cierta benevolencia social con el fraude. Todavía escuchamos con frecuencia lo listo que es ese tío que se ha librado de pagar a Hacienda, qué hábil ha estado el otro para que le den una subvención y olé los cojones del de más allá que entre lo que le dan del desempleo y lo que saca en sus dos trabajos irregulares está montadísimo. Todavía no nos creemos que Hacienda somos todos. Pues ya ven: 850 euros nos cuesta a cada uno esta idea.