¡Taxi!

Urge llegar a un punto de encuentro que garantice los derechos de unos y de otros en beneficio de todos

Para una vez que va uno a la capital, también es mala suerte, le pilla de lleno la huelga del taxi, paro organizado por las bravas y con el carácter además de indefinido, una posición de fuerza difícil de explicar ante el auge imparable de las VTC que tiene a la clientela digital y novelera maravillada con la amabilidad de sus conductores uniformados y la botellita de agua. "Dónde va a parar", te repiten mientras muestran satisfechos en la pantalla el trayecto del cochecito negro que viene presto a recogerlos.

Para mucha gente la aparición de estos arrendamientos de transporte con conductor han supuesto una revolución en la forma de prestar el servicio que lleva implícita las inevitables comparaciones, muchas veces injustas y simplificadas: lo limpio contra lo cutre, la buena educación contra la mala, el precio cierto contra la carrera larga para aumentar su importe… O dicho de manera más general, el siglo XXI contra el sigo XX, todo ello englobado en una despreocupada exaltación de la competencia. Poco ayudan, desde luego, la actitud chulesca y agresiva de algunos desaprensivos del gremio, y el repetido recurso a la huelga salvaje que deja a miles de personas, sin distinción de clase o condición, presas de las decisiones abusivas de sus dirigentes.

A mí, sin embargo, me preocupan algunas de las razones que esgrimen los taxistas, y no tanto en lo que tiene que ver con su excesiva regulación o planteamientos claramente inviables (como la obligatoriedad de contratar una VTC el día anterior), sino en lo que respecta a dejar al mercado como único árbitros que dirima las cuestiones competenciales. Las VTC, no se discute, ofrecen hoy un servicio barato y de calidad, pero nadie asegura que las condiciones (sobre todo las económicas) puedan sufrir variación en relación con su creciente penetración en el mercado, y antecedentes tenemos. ¿Quién, entonces, recogerá a las personas mayores cuando requieran un servicio? ¿Quién garantizará un servicio mínimo en sitios donde escasea la demanda?

Urge, pues, llegar a un punto de encuentro que garantice los derechos de unos y de otros en beneficio de todos, y hacerlo de una manera global, dejando para las administraciones locales la gestión de las licencias y su uso. Y que la reclamada competencia redunde sobre todo en la calidad de los servicios que se prestan, y no tanto en los beneficios particulares de unos y de otros.

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