La UE empieza a sentir el vacío dejado por la salida del Reino Unido. El primer escollo, el nuevo presupuesto sin la aportación británica, está siendo un factor de división que evoca a los años austeros. Los brexiteers estarán frotándose las manos al constatar que, además de un agujero financiero, pueden dejar tras de sí una UE fracturada. Para nuestro gobierno no puede haber llagado en peor momento. Con los agricultores en pie de guerra, Sánchez tiene que negociar un presupuesto que plantea un recorte del 14% en la Política Agraria Común. Por no hablar del duro recorte en los fondos de convergencia, ni de que España, ahora cuarta potencia económica, se convertirá en contribuyente neto. El acuerdo no parece fácil y el probable aplazamiento de la decisión dará un respiro a Sánchez. La situación de nuestro país en la UE post-brexit es una importante cuestión de Estado y lo razonable sería llevar a Bruselas una posición consensuada. Por lo mucho lo que nos jugamos como país quizás fuese conveniente que, igual que en las guerras europeas del pasado siglo los contendientes paraban las hostilidades para jugar al fútbol, podríamos hacer algo parecido en nuestra guerra particular para debatir de forma sosegada sobre el futuro de España en la Unión y de nuestro papel en un momento tan decisivo para el futuro de la UE.

Pero aunque nos la juguemos en Europa aquí interesa Venezuela. El gobierno ha tenido un tropiezo caribeño y la derecha política y mediática se ha lanzado sobre el ejecutivo con la sana intención de llevarse al ministro Ábalos por delante. Venezuela nos interesa por muchas razones, pero el ruido de estos días no permite ver el fondo de la cuestión. El gobierno a cambiado de posición sin dar explicaciones ya que es un asunto incómodo para la coalición. Pero no es menos cierto, que la situación en Venezuela es hoy distinta a cuando Sánchez acordó, con los socios europeos, el reconocimiento de Gauidó. Entonces Venezuela estaba al borde del caos y parecía que el reconocimiento internacional contribuiría de forma decisiva a la caída de Maduro. Pero el ejercito apoyó al déspota y la situación se enquistó. Ya no estamos en 2019 cundo Guaidó asumió las responsabilidades del artículo 233 de la Constitución para convocar elecciones. Ahora hay un presidente encargado y otro factual con todos los resortes del poder bajo su control. Hay una cuestión moral y también un endiablado problema político.