La presidenta Ursula von der Leyen ha propuesto que entre los 27 países de la Unión Europea se inicie un debate sobre la vacunación obligatoria contra el Covid. Es necesario. En primer lugar porque el sentido de la Unión es consensuar sobre políticas que nos unen y las que no tanto. El movimiento de los ciudadanos es permanente entre los 27. El fundamento del debate es que hay un virus mortal rondándonos y, aparentemente, sin capacidad científica de exterminarlo. Otro de los puntos que deberían ponerse sobre el tapete es que hay otras vacunas que se ponen a los ciudadanos que no rechistan a la hora de aceptar la inoculación. En España, según figura en el Ministerio de Sanidad, las vacunas autorizadas y acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, protegen de la poliomielitis, la tos ferina, difteria, tétanos, la enfermedad Haemophilus influencia tipo b y hepatitis B, gripe, la enfermedad neumocócica invasiva, meningocócica invasiva, sarampión, Rubéola, Parotiditis, Varicela, Herpes Zoster, Papiloma humano, Hepatitis A, Rotavirus… Todas se inoculan a niños y mayores bajo la recomendación del Ministerio de Sanidad cuyas competencias están en manos de las autonomías. En la sociedad tenemos asumido, cual obligación, que a los niños se les vacune desde bebés y hasta los catorce. La inmensa mayoría de los españoles no se cuestionan la vacunación infantil ni la de personas vulnerables. Se cumple con el calendario de vacunación porque se asume que las vacunas salvarán de enfermedades muy graves, e incluso mortales. Sólo un puñado de familias se niegan a vacunar a sus hijos, pero estos padres terminan siendo multados y sus hijos, no vacunados, excluidos de las clases de preescolar. Este enfoque "recomendado" u "obligatorio" responde a una necesidad administrativa apremiante para proteger la salud pública contra una nueva enfermedad que, según los conocimientos científicos médicos, puede ser mortal y se presenta , de esta manera, incesante. Sabiendo que hay vacunas que se inoculan sin mayor conflicto nos enfrentamos al debate de si obligar o no a los adultos que no se han querido vacunar contra el Covid. Se da la circunstancia de que en España se puede aplicar legalmente dicha obligación. Pero han de determinar qué multas, controles, amonestaciones, limitaciones de movimiento y derecho de admisión les aplicarían a quienes no acepten la probable obligación de vacunarse contra el Covid, por motivos de alarma de salud pública.