LOS que disfrutamos la gracia de llegar a ser relativamente longevos recordamos los tiempos en que firmar el acepto de una letra de cambio implicaba tentarse antes la ropa y, si de una hipoteca se tratara, suponía pasar a la antesala de la ruina.

Varios factores determinaban esa situación: la historia inveterada y vigente hasta principios del siglo XIX de la prisión por deudas, el profundo respeto social que inspiraba el derecho a la propiedad privada y, sobre todo, el aprecio que se tenía al honor personal empeñado en la palabra dada y en las obligaciones válidamente contraídas.

La posibilidad de disponer de numerario de otro, bien fuera mediante préstamos o créditos con o sin garantías hipotecarias, sólo se consideraba admisible para casos coyunturales y esporádicos, no directamente queridos, que el prestatario se consideraba constreñido a resolver en el más breve tiempo posible como único medio para recuperar su solvencia patrimonial gravada, así como su tranquilidad y sosiego personales alterados.

Pero estos tiempos actuales son ya diferentes. Primero empezó a valorarse la importancia y satisfacción personal que proporcionaba la simple posibilidad de disponer en cualquier momento de un crédito accesible; después, ese mismo crédito empezó a convertirse y a apreciarse en su aspecto patrimonial como medio para la consecución de bienes o negocios y por ello de rendimientos lucrativos; y, por último, la constante repetición y reincidencia en la utilización de esos créditos y en los beneficios que proporcionaban hizo que sus reiteradas disposiciones se hicieran ya en la previsión y convencimiento de sus sucesivas y futuras renovaciones como si éstas fueran ya ciertas y obligadas para los concedentes o prestamistas.

Apareció así un tipo especial de personas, físicas o jurídicas, en las que, mediante el constante incremento de su deuda, todo su patrimonio fue paulatinamente equiparándose a su crédito dispuesto; es decir, su patrimonio neto era cero, y por ello bien podría decirse que estaba sustentado y viviendo exclusivamente del crédito, olvidando que éste estaba permanentemente dependiendo del éxito de sus propios ingresos o negocios, de la solvencia del acreedor, de las vicisitudes del mercado dinerario y de la ausencia legal de obligación alguna de renovación. El riesgo de insolvencia y de quiebra era patente en cada momento de vencimiento y necesidad de renovación.

Todo esto me venía a la mente cuando hace unos días releía la parábola de los talentos (Mateo 25, 14-30) en la que, independientemente de otras exégesis pastorales, el Señor elogiaba los negocios, los banqueros y los intereses.

De otra parte mis elementales nociones económicas también me hicieron recordar los principios que desde comienzos del siglo XIX fue sentando la incipiente ciencia de la Economía Política, consistentes en la lenta e inexorable depreciación monetaria, necesitada de un interés que mantuviera el valor constante de la moneda en el momento de la amortización, en la consideración del producto comercial o industrial como consecuencia de la conjunción de trabajo y de capital, que han de coincidir en su beneficio, y en el riesgo que para el prestamista implica la mayor o menor solvencia moral o económica del deudor, que sólo puede compensarse con una cierta corrección en la determinación del interés.

Naturalmente, todo lo hasta aquí dicho ha de entenderse bajo el prisma de la necesidad de su moderación, tanto respecto a la forma de llevar a cabo los negocios, que no incida en el agiotaje sancionado en los artículos 262, 281 y 284 del Código Penal, como respecto a la cuantía del interés, que no caiga en la usura combatida por la llamada Ley de Azcárate de 23 de julio de 1908.

Hoy día el proceso de vivir del crédito ha dado un salto más; la constante proliferación de comentarios actuales sobre la deuda, el déficit o la prima de riesgo con que los medios y sus analistas nos bombardean nos ilustran sobre cómo la ambición, la inoperancia, el sometimiento, las exigencias, el lujo, el boato, los despilfarros, la descapitalización, la irresponsabilidad y el afán de lucro han llegado a ocasionar una deuda total en España, pública más privada, de cuatro billones de euros, por la que paga un interés anual de 200.000 millones, cuando el producto interior bruto del país es de 1,5 billones y los sucesivos déficits presupuestarios, el último del 8% del PIB, no sólo no aminoran la deuda sino que, por el contrario, la incrementan en la misma proporción.

Y todo esto no es ya vivir del crédito, sino vivir del cuento, y además con cuentos, con una sola salida previsible: el trastazo. Y en eso estamos.