EL "vuelva usted mañana" de triste memoria, ya prácticamente erradicado de nuestra vida administrativa, sigue sin embargo impregnando muchos aspectos del comportamiento político. Tenemos una insana tendencia a postergar la resolución de problemas, o de situaciones conflictivas, perfectamente diagnosticados y con no difícil tratamiento.

Quizás el ejemplo más claro sea el de la regulación del ejercicio del derecho de huelga. El mandato constitucional de proceder a dicha regulación permanece, más de treinta años después, incumplido. Y conforme la pasividad legislativa y la incapacidad política de tomar decisiones van consolidando trienios, cada vez se pone más de manifiesto la insatisfacción generalizada con una situación en la que los tradicionales medios de lucha de los trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses se convierten en instrumentos de chantaje en manos de sindicatos corporativos, que aprovechan el vacío regulador para ejercer una presión exorbitante en el ámbito de las empresas prestadoras de servicios públicos.

Sin embargo, siempre se encuentra una excusa para remitir a un indefinido mañana lo que debería hacerse hoy. Cuando la conflictividad remite, se afirma que no existe un problema social acuciante que exija una intervención legislativa inmediata. Cuando la conflictividad se enseñorea de nuestra vida social y los ciudadanos se ven prisioneros de las acciones de fuerza ejercidas en el ámbito de los servicios esenciales para la comunidad, se sostiene que no es bueno legislar en caliente y que es necesario dejar que la situación se enfríe. Ahora, cuando el derecho a la libre circulación se ve gravemente perturbado por actuaciones de protesta encubiertas de los controladores aéreos, el ministro de guardia nos dice que con una reforma laboral encima de la mesa no es el momento de abordar la regulación del ejercicio del derecho de huelga.

Excusas de mal pagador para tratar de justificar una dejación de responsabilidades injustificable. Y que sienta un precedente para comportamientos similares en relación con otras cuestiones. Por ejemplo: existe un consenso bastante amplio acerca del mal funcionamiento de todo lo relativo a las bajas médicas de los trabajadores. Hemos llegado a una situación en la que se ha instalado en el inconsciente colectivo la idea de que la baja la decide el propio trabajador. Expresiones tan habituales como "me cojo la baja" o "me doy de baja", no hacen sino poner de manifiesto esa realidad. Esto afecta no sólo a nuestros niveles de absentismo, y por tanto a la productividad de nuestras empresas, sino que pervierte el desarrollo, en muchas ocasiones, de los conflictos laborales. Lo que está sucediendo actualmente con los controladores pone de manifiesto que a través de la utilización de las bajas laborales se puede alterar gravemente el funcionamiento de una empresa, y del servicio público por ella prestado, sin proceder a convocatoria de huelga de ningún tipo y sin aceptar, por tanto, los sacrificios salariales y las eventuales exigencias de responsabilidades consecuencia de la misma.

Hemos conocido casos clamorosos de bajas simultáneas de cientos de trabajadores en empresas de transportes, de bajas de toda una plantilla policial en algunas localidades, etcétera. Asistimos, incluso, en muchas ocasiones, a la picaresca individual de aquellos trabajadores que, convocada una huelga, se dan de baja para evitar las correspondientes retenciones salariales. Y sin embargo, no se reacciona ni se aborda abiertamente la necesidad de cambiar una situación a todas luces insatisfactoria. No se trata solo de facilitar el despido por absentismo, como se ha planteado en el debate parlamentario sobre la reforma laboral, sino de modificar la normativa que permite que se den este tipo de comportamientos. No tiene sentido cerrar los ojos a la realidad, y la tutela del derecho a la salud de los trabajadores debe hacerse compatible con el establecimiento de las cautelas y de las medidas de control precisas para evitar la utilización torticera de las normas y de los beneficios del sistema de protección social.

El vuelva usted mañana tiene que erradicarse definitivamente. El procedimiento de tramitación parlamentaria de las normas es lo suficientemente pausado como para conjurar los peligros de reacciones en caliente ante situaciones generadoras de una cierta alarma social. No hay excusa de ningún tipo para no afrontar, y resolver, de manera inmediata, los problemas derivados de un marco normativo insuficiente o inadecuado. Y los ciudadanos hemos de exigir de los responsables políticos la diligencia necesaria, y la valentía, para enfrentarse a las demandas sociales y para tratar de darles la respuesta adecuada.