JUSTO cuando en Andalucía arreciaba la polémica sobre la financiación de los ayuntamientos, se anuncia que el plan de austeridad estatal va a afectar de lleno a los municipios, lo que arroja serias dudas sobre las posibilidades del Gobierno central de mejorar en corto plazo el sustento municipal por medio de las leyes que prepara el Ministerio de Política Territorial. Presionado por los mercados internacionales y por las propias cuentas, el Gobierno ha asumido un plan, que deberá presentar esta semana, que supondrá un ahorro de 50.000 millones de euros en las cuentas públicas. El objetivo es bien claro: de un déficit actual, que se ha quedado en un desbordado 11,4%, el Ministerio de Economía quiere pasar al menos al 3% en el año 2013. Por eso, tiene que ahorrar esos 50.000 millones de euros, de los cuales 10.000 millones corresponden a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Sobre el papel, el objetivo de Ministerio de Economía no admite discusiones, si bien cabe censurar su tardanza en reconocer que España necesita otra estructura de gasto público. Cuando la crisis comenzó a disparar el gasto, el Ejecutivo optó por aumentar algunas ayudas sociales sobre las que no había demandas, caso de la deducción de los 400 euros del IRPF. El saldo financiero de los ayuntamientos ha sido del menos 0,5% cuando se esperaba del menos 0,3%, mientras que las comunidades autónomas no deberán sobrepasar en 2010 un déficit del 2,5%. Sin embargo, ya hay cuatros comunidades que han presupuestado un saldo negativo mayor. No es el caso, hay que apuntarlo, de Andalucía, que en los dos últimos años ha sido una de las comunidades autónomas más cumplidoras. Lo de los ayuntamientos es otra historia, con cerca de 800 municipios en Andalucía, la casuística es variada: los hay responsables, los hay manirrotos y los hay claramente negligentes, aquéllos que han convertido sus ingresos excepcionales de la construcción en disparatados gastos fijos de personal. Es difícil confiar en que el conjunto municipal, así como el autonómico, vaya a cumplir las exigencias del Gobierno, aunque, ciertamente, no quede otro remedio.