El desarrollo social, tecnológico e industrial de nuestro país nos debería haber enseñado la importancia que tiene la regulación y centralización de las necesidades básicas de los ciudadanos. Sin embargo, hoy seguimos con un consumo eléctrico descontrolado, un reparto de aguas conflictivo y unas dependencias gasísticas abusivas que están afectando directamente a las economías domésticas. Y la sensación es que nadie en el Gobierno quiere coger el toro por los cuernos, a expensas de salir expulsado y con olor a cuerno quemado.

Una de las enseñanzas que debemos aprender, de lo que está ocurriendo actualmente en Europa es que, mientras los demás países están acumulando gas para el invierno, porque su industria en verano consume menos, nosotros funcionamos al revés. Nuestra economía se basa en un turismo que dispara las demandas energéticas estivales, de ahí que la dependencia de las plantas de cogeneración de gas natural sea inadecuada por producir electricidad más cara y calor innecesario.

Otro factor curioso es la bipolaridad gubernamental con el mantra de crear una compañía eléctrica nacional. El Estado ya posee un ente regulador fundamental, Red Eléctrica Española, que controla todo el transporte de electricidad en alta tensión. Por ello podría imponer que sus usuarios, las grandes compañías eléctricas, tuvieran prioridad de paso en función de los precios más económicos posibles para los ciudadanos. Pero este organismo se ha convertido con los años en el retiro dorado de muchos políticos y en la puerta giratoria mejor pagada de nuestro país, por lo que la idoneidad de sus responsables está, en el momento presente, dejando mucho que desear. Por ello intervenir en los mercados se puede hacer en tiempo real, desde ahora y sin crear nuevas empresas estatales faraónicas, y por tanto sin tantas alharacas a la parroquia política ni decisiones sempiternas para los ciudadanos.

El problema actual es la enorme subida permanente sobre el recibo eléctrico que se está produciendo. Esto está afectando especialmente a las economías más precarias, que han tenido que soportar un apagón económico en la pandemia y ahora viven un nuevo apagón energético durante la recuperación. Esperemos que algún responsable político tenga la suficiente formación técnica para acometer soluciones, porque de lo contrario la respuesta gubernamental ya la conocemos: "La culpa la tenemos los ciudadanos".