CADA cuatro años a Manuel Chaves se le plantea un serio problema: formar gobierno. No se trata sólo de nombrar a Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán, Francisco Vallejo, y algunas y algunos más. Es algo que requiere meditación, equilibrio y habilidad; es algo no menos complejo que rellenar un crucigrama para expertos, un sudoku difícil, o descifrar un enigma cabalístico discutible.

Manuel Chaves, al formar el nuevo Gobierno andaluz, presenta un cóctel político de los más clásicos en nuestra democracia, en el que se dan los siguientes ingredientes: debe haber al menos un consejero o consejera de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva, dos de Málaga, tres de Sevilla y cuatro de Jaén; debe contarse con los mismos consejeros y consejeras, pero si hay más mujeres mejor, y debe hacerse con la presencia de tres caballeros fijos, los señores Zarrías, Griñán (ahora ascendidos) y Vallejo, lo que limita el elenco de la restante representación masculina; y todo ello debe culminar incluyendo caras nuevas para dar aires de renovación, pero manteniendo a consejeros y consejeras no quemados para figurar cierta experiencia, cuidando con mesura a las familias del partido (sobre todo a la de Zarrías), no olvidando deudas y favores pendientes, y procurando no dejar ningún muerto o muerta (políticamente hablando) por el camino.

Además hay que cuidar detalles complementarios. Queda bien que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, represente a Cádiz, la provincia con más paro. En Turismo hay que poner a alguien de Málaga, como Luciano Alonso. En Agricultura y Pesca un consejero de Huelva es relevado por otro de Almería, Martín Soler. Y en Medio Ambiente, una consejera de Almería es relevada por otra de Huelva , Cinta Castillo.

Se comprenderá que, en estas condiciones y otras más, formar un Gobierno andaluz no es cosa sencilla. Se entenderá que todas las valoraciones sobre la cualificación, competencia o perspectivas políticas del nuevo Ejecutivo están condicionadas por un axioma fundamental: esto es lo mejor de lo posible. Tales malabarismos obedecen a que Andalucía no es una comunidad cualquiera. Son ocho provincias, casi todas con rivalidades entre ellas. Si discuten por el agua entre Tarragona y Barcelona, ¿cómo no se va a protestar aquí por cualquier cosa, incluido un consejero o consejera? Por el contrario, esos problemas no ocurren en Madrid, donde no hay más provincias que la suya y la llaman región. Así que Esperanza Aguirre nombra a quien le parece oportuno, siempre que no sea colega de Gallardón.

Una vez que se ha armado el puzzle del nuevo Gobierno andaluz empezarán los recibimientos y las discusiones.