Cuando en los 90 Málaga debatió su I Plan Estratégico, desde la Federación de Vecinos Unidad manifestamos que, si queríamos atraer estudiantes foráneos a la universidad, teníamos que abordar el problema de su alojamiento. Alojamiento que brillaba por su ausencia. El problema del acceso de los jóvenes a la vivienda era una realidad que había empezado a denunciar el Consejo de la Juventud de Andalucía y la reciente subida de los precios del alquiler en Sevilla con motivo de la Expo´92 había demostrado que, en mercados tensionados, el alquiler podía experimentar subidas del 35 % en un año y el coste mensual de un piso compartido, representar el 50 % de los gastos de sus inquilinos. En un país que hacía importantes esfuerzos para lograr que la renta familiar no fuera un factor discriminatorio en el acceso a la Universidad, la ausencia de una política de alojamiento podía acabar con las expectativas de los estudiantes de menor poder adquisitivo que se tuvieran que desplazarse fuera de casa. Y no hacía falta venir de Teruel, bastaba con vivir en Cortes de la Frontera.

Treinta años después, la situación no parece que haya cambiado sustancialmente. El pasado domingo, este periódico se hizo eco de la dificultad que tienen los estudiantes para encontrar piso en un mercado de alquiler que, según un portal inmobiliario, ha experimentado un incremento interanual del 20,5 %. Es cierto que desde entones el número de residencias universitarias ha aumentado de la mano de la iniciativa privada, que ha encontrado un nicho de mercado más rentable y seguro que el del alquiler convencional. Pero también es una realidad que el número de estudiantes ha crecido y que cada día es mayor la demanda de extranjeros que quieren cursar estudios en la ciudad. Mientras todo esto ocurre, la legislación obliga a calificar como suelo destinado a vivienda de protección oficial el 30 % del techo edificable de los nuevos sectores residenciales y ceder el 10 % del aprovechamiento a los ayuntamientos, además de los suelos destinados a equipamientos. Pero la política económica del país y la de vivienda de las autonomías han renunciado al desarrollo de un parque de vivienda y alojamientos públicos de alquiler. Alojamientos que, en el caso de los destinados a universitarios supone un endeudamiento con un riesgo muy bajo y que ayudarían a distender el mercado de alquiler en tanto reducen parte de la demanda.