La única concejal del equipo de gobierno de Francisco de la Torre que ha podido actuar sin tutelas de ningún tipo en su área de competencia es Teresa Porras, la responsable de Fiestas y de Playas, entre otras cuestiones. Al regidor no le interesan demasiado las luces de Navidad y con pulsar el día D el botón del encendido cumple. Pero el alcalde siempre ha sido el concejal de Urbanismo in pectore. Aunque oficialmente figurasen directamente otros nombres al frente de esa parcela.

Como cuentan las crónicas periodísticas de finales de 2014, el propio regidor recibió a una representación de los vecinos de Villas del Arenal, días después de que recepcionaran en sus domicilios cartas con propuestas de sanciones que oscilaban entre los 20.000 a 40.000 euros, según los casos, por construcciones irregulares en sus viviendas, imposibles de legalizar. Desde pérgolas a trasteros. Los propietarios se quejaban, entonces de un doble castigo: les habían obligado a demoler las obras y además les multaban. Faltaban cinco meses para las elecciones municipales.

Este periódico publicó hace una semana un informe del Seprona, a petición de la Fiscalía, que contabilizaba que de los 143 expedientes sancionadores abiertos por Urbanismo, 60 habían acabado archivados, la mayoría porque la infracción ya estaba prescrita.

A estas alturas, todavía siguen su curso otros 83 procedimientos. En 35 ni siquiera aparece que se haya abierto un expediente y sólo en cuatro casos hay una propuesta de sanción firme, aunque únicamente se ha logrado cobrar una multa.

En el bosque de las miles de infracciones urbanísticas que pasan a mejor vida, ¿por qué iban a levantar sospechas el estado de las cortezas de un centenar de árboles? Al fiscal le ha interesado y le ha pedido al juez que investigue. La lógica dicta que cite a declarar como investigados al edil de Urbanismo y a su coordinador, Francisco Pomares, y a Teresa Porras, en su calidad de concejal del distrito de Cruz de Humilladero. Y luego ya veremos la decisión de su señoría cuando conozca la maraña burocrática con la que funciona este departamento, con una sede en un edificio de 36 millones, con un despacho imperial en la última planta, pero al que todavía no ha llegado la era digital. ¿Cómo ver intenciones ocultas si para contar casi deben apoyarse en los dedos de las manos?

La política marca tiempos por excesos. La oposición se frota con la citación, casi obligada, de los concejales. La lógica dicta que sólo hay culpables cuando la justicia dicta sentencia, nunca antes. El dilema al que se enfrenta el alcalde es que este caso no se parece al alumbrado navideño. ¿Quién dio la orden de pulsar este botón?