el prisma

sebastián Sánchez

La burbuja institucional

El modelo desarrollista se convirtió en directriz del programa de transformación de la capital de la Costa del Sol Cada intervención programada venía acompañada de convenios millonarios.

LOS datos extraídos del Plan de Vivienda 2014-2022 que elabora el Ayuntamiento de Málaga concluyen que en los próximos ocho años la capital de la Costa del Sol necesitará 13.000 viviendas (4.500 protegidas) para responder adecuadamente a su población. La simple mención por parte de los responsables municipales de esta cifra genera un aluvión de interrogantes y deja en evidencia la previsión con la que se calcularon las bases del actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que reservaba suelo para casi 70.000 viviendas, buena parte de ellas procedentes del planeamiento anterior de 1997.

Tomando como correctas las últimas estimaciones municipales, harán falta de orden de 40 años para consumir todo el suelo dibujado como residencial en el término malagueño. Lejos de atender las voces de los grupos de la oposición que alertaban sobre la innecesariedad de poner en carga la totalidad de terrenos libres de la capital, el equipo de gobierno del PP optó en periodo de bonanza por hacer todo lo contrario y no dejó parcela exenta de ser calificada. Podría argumentarse por parte de los autores del documento que los orígenes del mismo se encuentran en los años de prosperidad, en los que la industria del ladrillo brillaba con luz propia y en la que tanto constructores como promotores eran ajenos al desplome posterior. Pero es igualmente válido ensalzar el error de no ser capaz de predecir lo que iba a venir, si bien algunas voces expertas, como la del entonces presidente de los Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi (ahora concejal no adscrito en la Casona del Parque), lanzaron mensajes críticos con el exceso propio de aquella sociedad.

España llegó a ejecutar 800.000 viviendas al año, que era lo mismo que decir tantas como Alemania, Francia e Italia juntas. Y en ese escenario, Málaga emergía como clave, con hasta 45.000 casas, cifra harto lejos del millar registrado el pasado año. El modelo desarrollista se convirtió en directriz del programa de transformación de la capital de la Costa del Sol. Hijos de esa pretensión fueron las grandes operaciones dibujadas a la sombra de torres de treinta plantas y de construcciones en vertical con las que dotar a Málaga de un skyline de consideración.

Una apuesta rotunda por transformar la manera de entender el crecimiento en la ciudad que llevó aparejado el elemento pecuniario. Cada intervención programada, ya fuese en los antiguos suelos de Repsol; ya fuese en la parcela que albergó Citesa, en Martiricos, ya fuese en los terrenos de la antigua central Térmica, venían acompañadas de convenios millonarios. Tal era la entidad de los acuerdos que la pretensión era que las arcas municipales ingresasen 163 millones por estas tres actuaciones. Hoy, más de cinco años después de que fuese aprobado el planeamiento en el seno de la Casona del Parque y algo más de dos después de que la Junta de Andalucía lo ratificase, el Ayuntamiento apenas ha percibido 23 millones, el 14% del total.

Se da la circunstancia, además, de que parte de este dinero, 11,6 millones, no va a poder utilizarlo el Consistorio hasta el año que viene, a pesar de estar en su caja fuerte desde hace varios años. El estudio de vivienda municipal modera sensiblemente la burbuja que el propio Ayuntamiento infló con el planeamiento urbanístico como referencia, previendo que el mercado mantendría un pulso que se ha demostrado imposible de sostener.

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