LA confrontación partidaria a menos de un mes de las elecciones generales y autonómicas puede terminar por llevarse por delante la credibilidad de uno de los organismos más blindados frente a los habituales daños colaterales (ahí está el ejemplo del Tribunal Constitucional) que genera una disputa tan intensa como la que protagonizan PP y PSOE en el tablero de la política española. El pasado jueves, el Partido Popular ponía en entredicho los datos de crecimiento económico que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística (INE) -un 3,8% en 2007, una décima menos que en 2006- y cuestionaban la validez de unas cifras que apuntaban a una desaceleración simplemente "suave" de la economía. Tan solo 24 horas después, de las dudas se pasaban a las supuestas certezas. El PP acusaba al Gobierno Central de maquillar las cifras del paro facilitadas por el INE amparándose en un cambio de criterio -aprobado por todas las comunidades autónomas menos Madrid el pasado enero- que excluye ahora a los demandantes de formación del capítulo de desempleados (en torno a 19.200 personas). Se podrá argumentar que no es aconsejable que a tres semanas de que se dirima en las urnas quién gobernará España se aplique un cambio que permite reducir el número de parados, y que tal vez sería mejor esperar a que concluyera este periodo para hacer públicos los datos de crecimiento. Pero una cosa es cuestionar criterios y fechas para la reforma en el cómputo de desempleados o la oportunidad de suministrar el dato de la evolución del crecimiento, y otra bien distinta y delicada es extender un manto de dudas y acusaciones truculentas sobre una institución que es pieza clave de una sociedad democrática como la nuestra. El PP está en su derecho de ejercer la crítica como considere oportuno, pero convendría que no echara demasiada tierra sobre un organismo cuya credibilidad juega en favor de todos. Los datos son los que son. Lo que hay que hacer es mejorarlos y no echarle la culpa a quien los procesa cuando no convienen a nuestros intereses electorales.